Una estrategia calculada en la que defendió sus actividades legales en el ámbito de las subastas, la hostelería y el sector vitivinícola, combinada con una evidencia que no convenció al tribunal sobre su implicación en el amplio tráfico de cocaína, permitió a David Pérez Lago, conocido hijastro de Laureano Oubiña y con antecedentes penales por delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales, salir prácticamente sin sanción del juicio relacionado con la operación Mito.
La acusación fiscal lo consideraba uno de los miembros clave de la organización criminal liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, en lo que respecta a la logística de las descargas de droga en las rías de Galicia, al mismo tiempo que se le imputaba un delito de blanqueo de importantes cantidades de dinero derivadas de dicho negocio ilícito. Además, se le atribuía la tenencia ilegal de armas tras el hallazgo de una pistola con el número de serie eliminado y en perfecto estado durante el registro de su domicilio en Vilagarcía de Arousa.
Solo este último cargo fue el que se probó, lo que le llevó a ser condenado a once meses de prisión, enfrentándose a una posible pena de más de 17 años. Así, Pérez Lago, quien frecuentemente acompañaba a Miñanco antes de ingresar a las sesiones del extenso juicio llevado a cabo en la Audiencia Nacional, manteniendo una relación cercana con el líder del delito, se convierte en el gran favorecido por el fallo emitido el pasado miércoles por el tribunal. Sin embargo, no es el único beneficiario.
Como se ha mencionado previamente, Gonzalo Boye, que en ese momento ejercía como abogado de Sito Miñanco —y que actualmente sigue defendiendo los intereses del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont— también fue absuelto, a pesar de enfrentarse a una posible pena de nueve años de prisión. En su caso, algunas voces sugieren la posibilidad de una injerencia política en la resolución, dado el vínculo del acusado con un socio clave para la gobernabilidad actual de España.
Respecto a otros aspectos del veredicto, cabe destacar que el blanqueo de capitales por el que muchos de los encausados eran acusados únicamente fue confirmado por la Audiencia en relación con Sito Miñanco y poco más. Ni siquiera Quique Arango ni Juan Antonio Fernández, quienes sí fueron condenados por delitos contra la Salud Pública (a siete años de prisión cada uno), enfrentaron sanción alguna por este motivo.
Entre los otros acusados por delitos contra la Salud Pública que resultaron absueltos se encuentran Jaime Albert, Alirio Tovar, Ramiro Somoza y Marcos Prado, todos ellos acusados por la Fiscalía de haber formado parte de la red criminal de Miñanco en diferentes funciones. La Audiencia no encontró evidencia concluyente que los implicara.
Asimismo, toda la red colombiana que estaba siendo acusada de blanqueo de capitales en relación con los 900.000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas, dinero que supuestamente Miñanco intentaba enviar a Colombia, fue exonerada. No se demostró dicho objetivo, ni tampoco las maniobras para recuperar los fondos que supuestamente habría orquestado Boye.
Otro individuo relevante, fuertemente relacionado con Prado Bugallo según las autoridades y la Fiscalía, que también fue absuelto es Francisco Javier Pérez Rivas, cuya acusación por blanqueo de capitales fue desestimada a juicio de la Audiencia Nacional.
