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David Pérez Lago, el segundo ganador después del veredicto del caso Mito

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David Pérez Lago, el segundo ganador después del veredicto del caso Mito
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David Pérez Lago, el segundo ganador después del veredicto del caso Mito

Una estrategia calculada en la que defendió sus actividades legales en el ámbito de las subastas, la hostelería y el sector vitivinícola, combinada con una evidencia que no convenció al tribunal sobre su implicación en el amplio tráfico de cocaína, permitió a David Pérez Lago, conocido hijastro de Laureano Oubiña y con antecedentes penales por delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales, salir prácticamente sin sanción del juicio relacionado con la operación Mito.

La acusación fiscal lo consideraba uno de los miembros clave de la organización criminal liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, en lo que respecta a la logística de las descargas de droga en las rías de Galicia, al mismo tiempo que se le imputaba un delito de blanqueo de importantes cantidades de dinero derivadas de dicho negocio ilícito. Además, se le atribuía la tenencia ilegal de armas tras el hallazgo de una pistola con el número de serie eliminado y en perfecto estado durante el registro de su domicilio en Vilagarcía de Arousa.

Solo este último cargo fue el que se probó, lo que le llevó a ser condenado a once meses de prisión, enfrentándose a una posible pena de más de 17 años. Así, Pérez Lago, quien frecuentemente acompañaba a Miñanco antes de ingresar a las sesiones del extenso juicio llevado a cabo en la Audiencia Nacional, manteniendo una relación cercana con el líder del delito, se convierte en el gran favorecido por el fallo emitido el pasado miércoles por el tribunal. Sin embargo, no es el único beneficiario.

Como se ha mencionado previamente, Gonzalo Boye, que en ese momento ejercía como abogado de Sito Miñanco —y que actualmente sigue defendiendo los intereses del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont— también fue absuelto, a pesar de enfrentarse a una posible pena de nueve años de prisión. En su caso, algunas voces sugieren la posibilidad de una injerencia política en la resolución, dado el vínculo del acusado con un socio clave para la gobernabilidad actual de España.

Respecto a otros aspectos del veredicto, cabe destacar que el blanqueo de capitales por el que muchos de los encausados eran acusados únicamente fue confirmado por la Audiencia en relación con Sito Miñanco y poco más. Ni siquiera Quique Arango ni Juan Antonio Fernández, quienes sí fueron condenados por delitos contra la Salud Pública (a siete años de prisión cada uno), enfrentaron sanción alguna por este motivo.

Entre los otros acusados por delitos contra la Salud Pública que resultaron absueltos se encuentran Jaime Albert, Alirio Tovar, Ramiro Somoza y Marcos Prado, todos ellos acusados por la Fiscalía de haber formado parte de la red criminal de Miñanco en diferentes funciones. La Audiencia no encontró evidencia concluyente que los implicara.

Asimismo, toda la red colombiana que estaba siendo acusada de blanqueo de capitales en relación con los 900.000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas, dinero que supuestamente Miñanco intentaba enviar a Colombia, fue exonerada. No se demostró dicho objetivo, ni tampoco las maniobras para recuperar los fondos que supuestamente habría orquestado Boye.

Otro individuo relevante, fuertemente relacionado con Prado Bugallo según las autoridades y la Fiscalía, que también fue absuelto es Francisco Javier Pérez Rivas, cuya acusación por blanqueo de capitales fue desestimada a juicio de la Audiencia Nacional.

David Pérez Lago, the second winner after the verdict of the Mito case.

A calculated strategy in which he defended his legal activities in the fields of auctions, hospitality, and the wine sector, combined with evidence that did not convince the court of his involvement in the extensive cocaine trafficking, allowed David Pérez Lago, the well-known stepson of Laureano Oubiña and with a criminal record for offenses against Public Health and Money Laundering, to emerge practically unscathed from the trial related to Operation Mito.

The prosecution considered him one of the key members of the criminal organization led by José Ramón Prado Bugallo, known as Sito Miñanco, regarding the logistics of drug unloads in the estuaries of Galicia, while he was also charged with money laundering significant amounts derived from this illicit business. Additionally, he was attributed with illegal possession of firearms after the discovery of a pistol with the serial number removed and in perfect condition during the search of his home in Vilagarcía de Arousa.

Only this last charge was proven, which led to him being sentenced to eleven months in prison, facing a possible sentence of more than 17 years. Thus, Pérez Lago, who frequently accompanied Miñanco before entering the sessions of the extensive trial held in the National Court, maintaining a close relationship with the crime leader, became the major beneficiary of the ruling issued last Wednesday by the court. However, he is not the only beneficiary.

As previously mentioned, Gonzalo Boye, who at that time was acting as Sito Miñanco's lawyer —and who currently continues to defend the interests of the former president of the Generalitat of Catalonia, Carles Puigdemont— was also acquitted, despite facing a possible sentence of nine years in prison. In his case, some voices suggest the possibility of political interference in the resolution, given the accused's connection with a key partner for the current governance of Spain.

Regarding other aspects of the verdict, it is noteworthy that the money laundering for which many of the accused were charged was only confirmed by the Court in relation to Sito Miñanco and little else. Neither Quique Arango nor Juan Antonio Fernández, who were convicted of offenses against Public Health (each receiving a seven-year prison sentence), faced any sanction for this reason.

Among the other accused of offenses against Public Health who were acquitted are Jaime Albert, Alirio Tovar, Ramiro Somoza, and Marcos Prado, all of whom were accused by the Prosecutor's Office of having been part of Miñanco's criminal network in different roles. The Court did not find conclusive evidence implicating them.

Likewise, the entire Colombian network that was being accused of money laundering in relation to the 900,000 euros confiscated at Barajas Airport, money that Miñanco allegedly attempted to send to Colombia, was exonerated. This objective was not proven, nor were the maneuvers to recover the funds that Boye allegedly orchestrated.

Another relevant individual, strongly linked to Prado Bugallo according to the authorities and the Prosecutor's Office, who was also acquitted is Francisco Javier Pérez Rivas, whose charge of money laundering was dismissed by the National Court.

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