La Audiencia impone a Sito Miñanco una pena de 17 años de cárcel.

⟫ septiembre 23, 2026 ⟫ Redacción

La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de 17 años de prisión al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por su participación en la operativa que en 2017 intentó introducir en Europa casi cuatro toneladas de cocaína, las cuales fueron incautadas en un remolcador en medio del Atlántico y en un contenedor en los Países Bajos. Asimismo, ha sido absuelto el abogado Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental que se le atribuían.

En una sentencia de 325 páginas, la Sala de lo Penal condena a Sito Miñanco como autor de delitos contra la salud pública (doce años) y blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal (cinco años) en el contexto de la conocida como Operación Mito.

Además, los magistrados de la Sección Tercera le imponen, a pesar de que la Fiscalía había solicitado 31 años y seis meses de prisión, multas que superan los 420 millones de euros. También se le aplica la agravante de reincidencia y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que resulta en una significativa reducción de la pena, nuevamente debido al colapso del sistema judicial en España.

La sentencia absuelve al abogado Gonzalo Boye, famoso por defender al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para quien Antidroga solicitaba 9 años y 9 meses de cárcel, al considerar que no tuvo participación en la redacción de los contratos privados de compraventa de letras de cambio y de préstamos que fueron presentados en los expedientes administrativos sancionadores abiertos tras la intervención, el 6 de febrero de 2017, de casi 900.000 euros en el Aeropuerto de Barajas, dinero que, según el Ministerio Público, se transportaba a Colombia para su blanqueo.

La sentencia también condena a parte del resto de los acusados, incluidos los tripulantes del buque, a penas que van desde los 17 años hasta tres años de prisión, aunque absuelve a 20 personas físicas y a 4 entidades jurídicas que también fueron juzgadas por estos hechos.

El relato de hechos en la sentencia revela que en el año 2017 Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y otro de los condenados, el holandés Rajmond van Rij, lideraban organizaciones criminales y se coordinaron con los miembros de sus grupos para realizar transportes de cocaína desde Sudamérica hasta Europa y su distribución a terceros. En cumplimiento de dicho plan, organizaron la introducción de 615 kilos de cocaína en noviembre de ese año en los Países Bajos, así como el traslado desde Sudamérica a España de 3.305,280 kilos de cocaína a bordo del buque Thoran.

La Sala señala que Sito Miñanco, apodado ‘Mario’ dentro de la organización, estaba al mando del grupo y se encargaba de tomar o supervisar todas las decisiones relevantes.

Asimismo, la Sala recuerda que, durante el periodo de 2016 y 2017, Sito Miñanco cumplía una condena de 16 años y 10 meses de prisión por un delito contra la salud pública en el Centro de Inserción Social Manuel Montesinos de Algeciras, en régimen penitenciario de tercer grado, lo que le permitía trabajar en un aparcamiento. Por esta razón, en múltiples ocasiones delegaba en los acusados Luis Enrique Arango (alias ‘alan’, ‘el viejo’ o ‘el viejito’) y Juan Antonio Fernández (alias ‘chus’ o ‘nuria’), quienes gozaban de su plena confianza, los detalles, contactos y preparativos de las diversas operaciones criminales.

A lo largo de la sentencia, el tribunal examina todas las operaciones de blanqueo que han sido objeto de juicio y concluye que debe absolver de todas ellas, excepto la de la sociedad Autos Vicmar. El tribunal considera que no se ha demostrado que las empresas del entramado empresarial de los acusados se utilizaran para introducir el dinero proveniente del narcotráfico en el tráfico mercantil legal.

La Fiscalía acusó a la red de Sito Miñanco de usar vehículos para transportar y recoger dinero obtenido del narcotráfico e introducirlo en el circuito legal. Sin embargo, la Sala determina que este delito no ha sido probado, ya que el simple transporte de dinero de origen delictivo no constituye un delito de blanqueo de capitales, puesto que no hay afloración ni integración de bienes en la economía lícita. El tribunal indica que no ha quedado demostrado que ese dinero tuviera otro destino que la adquisición de más drogas para su posterior venta.

Para la Sala tampoco ha quedado probado que las empresas Mercedes Costasol, Alquiler de vehículos Costasol, Astilleros Facho SL e Inmobiliaria San Saturnino SL hayan sido utilizadas para introducir en el circuito financiero legal fondos obtenidos de la venta de cocaína en los años investigados, 2016 y 2018.

En el caso de Autos Vicmar, la Sala sí considera probado que Sito Miñanco y su pareja utilizaron esta empresa para ingresar dinero derivado de la venta de sustancias estupefacientes. Según la Sala, ambos dotaron a esta mercantil de una apariencia de negocio para poder ingresar el dinero obtenido del tráfico de drogas e incorporarlo al circuito económico lícito mediante una actividad adecuada para tal fin.

La Fiscalía argumentó que Gonzalo Boye habría participado en un operativo para blanquear casi 900.000 euros que fueron incautados por la Policía en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, en febrero de 2017, en una operación vinculada a la organización criminal de Sito Miñanco.

De acuerdo con el Ministerio Público, actuando como abogado defensor de Miñanco, habría elaborado contratos de compraventa de letras de cambio de manera ficticia con el supuesto objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero y reincorporarlo al sistema legal.

No obstante, tras examinar los hechos, la sentencia concluye que de la prueba presentada no se ha demostrado que Boye y el resto de los acusados en esta operativa “tuvieran participación alguna en la elaboración de los contratos privados de compraventa de letras de cambio y de préstamos que fueron aportados en los expedientes administrativos sancionadores” abiertos tras la intervención, el 6 de febrero de 2017, del dinero en el aeropuerto de Madrid.

La resolución señala que fue el acusado Manuel G.R. quien cometió el delito de falsedad documental, al haber elaborado los contratos privados de compraventa de letras de cambio que entregó al acusado para que este los presentara ante un organismo público en el expediente sancionador iniciado tras la aprehensión del dinero en Barajas, siendo consciente de que nada de lo que allí se afirmaba era cierto, ya que ni compraba ni vendía las letras de cambio que mencionaban dichos contratos.

La Sala explica que la imputación de Boye se basa principalmente en la declaración en el juicio de Manuel P.S., y advierte que esta carece, en algunos aspectos, de corroboración con otros elementos objetivos periféricos. “No la consideramos completamente veraz, pues hay aspectos que no aclara, como el motivo de sus viajes a Colombia tras la aprehensión del dinero en Barajas, y existen otros elementos probatorios, al menos igual de verosímiles que la declaración de aquel, que sustentan que los hechos ocurrieron de manera diferente a como relata Manuel P.S.”.

“Todo ello nos impide otorgar credibilidad a la declaración de Manuel P.S. respecto a cómo se realizó la firma de los contratos privados de compraventa de letras de cambio”, señala.

En consecuencia, el Tribunal concluye que “no podemos determinar de manera inequívoca, como exige un pronunciamiento condenatorio, que Sito Miñanco, Luis Enrique G.A., Manuel P.S., Adriana M.C., Gonzalo B.T., Jesús M.C., Alejandro G.M. y Fernando L.B. participaron en forma alguna en la elaboración de los contratos privados de compraventa de letras de cambio que fueron presentados por Gonzalo Boye en el expediente sancionador incoado por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con el fin de justificar el origen del dinero intervenido en el Aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017”. Por lo tanto, “les absolvemos del delito de falsedad documental y blanqueo de capitales por los que venían siendo acusados”.

◢ NEWS ◣

The Court imposes a 17-year prison sentence on Sito Miñanco.

⟫ septiembre 23, 2026 ⟫ Editorial

The National Court has imposed a 17-year prison sentence on the Galician drug trafficker José Ramón Prado Bugallo, known as Sito Miñanco, for his involvement in the operation that in 2017 attempted to introduce nearly four tons of cocaine into Europe, which were seized on a tugboat in the middle of the Atlantic and in a container in the Netherlands. Additionally, lawyer Gonzalo Boye has been acquitted of the charges of money laundering and document forgery attributed to him.

In a 325-page ruling, the Criminal Chamber convicts Sito Miñanco as the author of crimes against public health (twelve years) and money laundering within the framework of a criminal organization (five years) in the context of the well-known Operation Mito.

Furthermore, the judges of Section Three impose fines exceeding 420 million euros, despite the prosecution having requested 31 years and six months in prison. He is also subject to the aggravating circumstance of recidivism and the highly qualified mitigating circumstance of undue delays, resulting in a significant reduction of the sentence, again due to the collapse of the judicial system in Spain.

The ruling acquits lawyer Gonzalo Boye, famous for defending the former president of the Generalitat of Catalonia, Carles Puigdemont, for whom the Anti-Drug Agency sought 9 years and 9 months in prison, considering that he did not participate in the drafting of the private contracts for the sale of promissory notes and loans that were presented in the sanctioning administrative files opened after the seizure on February 6, 2017, of nearly 900,000 euros at Barajas Airport, money that, according to the Public Prosecutor's Office, was being transported to Colombia for laundering.

The ruling also convicts part of the rest of the accused, including the crew members of the ship, to sentences ranging from 17 years to three years in prison, although it acquits 20 individuals and 4 legal entities that were also tried for these events.

The account of events in the ruling reveals that in 2017, Prado Bugallo, known as Sito Miñanco, and another of the convicted, the Dutch Rajmond van Rij, led criminal organizations and coordinated with their group members to transport cocaine from South America to Europe and distribute it to third parties. In compliance with this plan, they organized the introduction of 615 kilos of cocaine in November of that year in the Netherlands, as well as the transfer from South America to Spain of 3,305.280 kilos of cocaine aboard the ship Thoran.

The Chamber notes that Sito Miñanco, nicknamed 'Mario' within the organization, was in charge of the group and was responsible for making or overseeing all relevant decisions.

Moreover, the Chamber recalls that during the period of 2016 and 2017, Sito Miñanco was serving a sentence of 16 years and 10 months in prison for a crime against public health at the Manuel Montesinos Social Insertion Center in Algeciras, in a third-degree penitentiary regime, which allowed him to work in a parking lot. For this reason, on multiple occasions, he delegated to the accused Luis Enrique Arango (alias 'alan', 'el viejo' or 'el viejito') and Juan Antonio Fernández (alias 'chus' or 'nuria'), who enjoyed his full trust, the details, contacts, and preparations for the various criminal operations.

Throughout the ruling, the court examines all the money laundering operations that have been subject to trial and concludes that it must acquit all of them, except for that of the company Autos Vicmar. The court considers that it has not been demonstrated that the companies in the accused's business network were used to introduce money from drug trafficking into legal commercial traffic.

The prosecution accused Sito Miñanco's network of using vehicles to transport and collect money obtained from drug trafficking and introduce it into the legal circuit. However, the Chamber determines that this crime has not been proven, as the mere transportation of money of criminal origin does not constitute a crime of money laundering, since there is no emergence or integration of assets into the lawful economy. The court indicates that it has not been proven that this money had any other destination than the acquisition of more drugs for subsequent sale.

For the Chamber, it has also not been proven that the companies Mercedes Costasol, Alquiler de vehículos Costasol, Astilleros Facho SL, and Inmobiliaria San Saturnino SL were used to introduce into the legal financial circuit funds obtained from the sale of cocaine in the investigated years, 2016 and 2018.

In the case of Autos Vicmar, the Court does consider it proven that Sito Miñanco and his partner used this company to launder money derived from the sale of narcotic substances. According to the Court, both provided this business with the appearance of legitimacy in order to introduce the money obtained from drug trafficking and incorporate it into the legal economic circuit through an appropriate activity for that purpose.

The Prosecutor's Office argued that Gonzalo Boye would have participated in an operation to launder nearly 900,000 euros that were seized by the Police at Barajas Airport in Madrid in February 2017, in an operation linked to Sito Miñanco's criminal organization.

According to the Public Ministry, acting as Miñanco's defense attorney, he would have drafted fictitious purchase contracts for promissory notes with the supposed aim of concealing the illicit origin of the money and reintegrating it into the legal system.

However, after examining the facts, the ruling concludes that the evidence presented has not demonstrated that Boye and the other defendants in this operation "had any involvement in the preparation of the private purchase contracts for promissory notes and loans that were submitted in the sanctioning administrative files" opened after the seizure on February 6, 2017, of the money at Madrid airport.

The ruling states that it was the accused Manuel G.R. who committed the crime of documentary falsification by having prepared the private purchase contracts for promissory notes that he handed over to the accused so that he could present them to a public body in the sanctioning file initiated after the seizure of the money at Barajas, being aware that none of the claims made therein were true, as he neither bought nor sold the promissory notes mentioned in those contracts.

The Court explains that Boye's indictment is primarily based on the testimony at trial of Manuel P.S., and warns that this lacks, in some aspects, corroboration with other peripheral objective elements. "We do not consider it completely truthful, as there are aspects that it does not clarify, such as the reason for his trips to Colombia after the seizure of the money at Barajas, and there are other evidentiary elements, at least equally plausible as his testimony, which support that the events occurred differently than how Manuel P.S. recounts."

"All of this prevents us from granting credibility to Manuel P.S.'s testimony regarding how the signing of the private purchase contracts for promissory notes was carried out," it states.

Consequently, the Court concludes that "we cannot determine unequivocally, as a condemning pronouncement requires, that Sito Miñanco, Luis Enrique G.A., Manuel P.S., Adriana M.C., Gonzalo B.T., Jesús M.C., Alejandro G.M., and Fernando L.B. participated in any way in the preparation of the private purchase contracts for promissory notes that were presented by Gonzalo Boye in the sanctioning file initiated by the Secretariat of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offenses, in order to justify the origin of the money seized at Barajas Airport on February 6, 2017." Therefore, "we acquit them of the crimes of documentary falsification and money laundering for which they were being accused."

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