Granada se ha consolidado como el principal centro operativo para las mafias dedicadas al cultivo de marihuana en el sur de España, y, junto con Cataluña, representa el mayor núcleo de producción de esta sustancia a nivel europeo. Esta situación ha llevado a las fuerzas de seguridad a movilizar todos sus recursos con el fin de combatir un negocio altamente rentable. No es necesario retroceder demasiado en el tiempo para recordar la reciente operación destacada en esta provincia, que incluyó el descubrimiento de cinco contenedores marítimos enterrados que funcionaban como laboratorios.
De este modo, la Guardia Civil llevó a cabo el pasado 23 de septiembre en la provincia de Granada una de las operaciones más significativas realizadas en los últimos tiempos contra el cultivo y tráfico de marihuana en toda España, mediante la ejecución simultánea de varias actuaciones policiales. Tras realizar 40 entradas y registros en diversos domicilios, los agentes lograron intervenir 13.226 plantas de cannabis y confiscar más de 732 kilogramos de cogollos de marihuana que estaban listos para su venta. Hasta el momento, se han contabilizado 37 personas detenidas o investigadas por su presunta implicación en estos hechos.
La magnitud de la operación requirió un despliegue considerable de más de 200 efectivos, así como una meticulosa planificación previa para asegurar que las distintas actuaciones pudieran llevarse a cabo de manera coordinada y simultánea en diferentes puntos de la provincia.
La intervención más relevante tuvo lugar en Fuente Vaqueros, donde la Guardia Civil implementó dos dispositivos diferenciados. En el principal de ellos, se realizaron 24 entradas y registros, durante los cuales se aprehendieron 8.871 plantas de cannabis sativa y 708 kilogramos de cogollos de marihuana fresca. Además, los agentes encontraron una cantidad significativa de cogollos secos ya listos para su comercialización y consumo. En el transcurso de esta actuación, técnicos de la compañía eléctrica identificaron y desactivaron 16 conexiones ilegales a la red eléctrica.
En una segunda operación también llevada a cabo en Fuente Vaqueros, se realizaron cinco entradas y registros, en los que fueron intervenidas 940 plantas de cannabis y 4,6 kilogramos de cogollos secos. Los agentes también confiscaron un total de 17.600 euros en efectivo, un vehículo, dos televisores, un ordenador portátil y dos carabinas de aire comprimido.
En Pinos Puente, la Guardia Civil realizó seis entradas y registros, donde se aprehendieron 2.442 plantas de marihuana y 20 kilogramos de cogollos.
En Atarfe, los investigadores llevaron a cabo cuatro entradas y registros y localizaron tres plantaciones interiores de marihuana. En total, se han intervenido allí 967 plantas de cannabis en diversas etapas de desarrollo. Los técnicos de la compañía eléctrica también detectaron 12 conexiones ilegales a la red general de suministro, procediendo a su regularización y a la eliminación de una considerable cantidad de cableado instalado de forma fraudulenta.
En Gor-Las Viñas, los agentes localizaron una plantación exterior compuesta por seis grandes plantas de marihuana, con un peso en fresco de 16,9 kilogramos.
El éxito de las diversas actuaciones ha sido posible gracias al trabajo previo de investigación, análisis e inteligencia efectuado durante semanas, así como a la capacidad de coordinación de las distintas unidades de la Guardia Civil que participaron.
La colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica ha sido también de vital importancia, ya que han facilitado la identificación de numerosos enganches clandestinos y la eliminación de instalaciones ilegales que, además de causar importantes perjuicios económicos, pueden generar graves riesgos de incendio y electrocución tanto para los habitantes como para los vecinos.
Estas acciones no marcan el fin de las investigaciones. Durante los días siguientes, las diferentes unidades responsables continuarán analizando toda la información, indicios y efectos intervenidos en los registros.
La Guardia Civil mantiene abiertas gestiones para identificar, localizar, detener o investigar a más individuos que puedan estar presuntamente relacionados con las plantaciones desmanteladas, así como para establecer la responsabilidad individual de los propietarios y moradores de los inmuebles en relación con los delitos de cultivo o tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.
La magnitud de la operación ha ocasionado pérdidas valoradas en varios millones de euros a las organizaciones criminales detrás de los cultivos desmantelados, aunque no se ha informado de que los agentes hayan podido avanzar más allá de los ‘jardineros’ que se encontraban presentes en las plantaciones.
