Haciendo un análisis de los últimos cinco años, desde que fuentes judiciales han observado el fenómeno, se han producido numerosos cambios en el crimen organizado en España y en el ámbito global. Entre 2021 y 2026, el país ha incrementado significativamente su papel logístico en el narcotráfico mundial, lo que ha llevado a una constante modificación del mapa de las organizaciones criminales que operan en su territorio.

Las rutas, los actores y los métodos han experimentado transformaciones, así como la magnitud económica y la violencia asociada al negocio. España ya no se limita a ser una de las vías tradicionales para la entrada de hachís hacia Europa; se ha establecido como un punto estratégico tanto para la cocaína como, cada vez más, para las drogas sintéticas, gracias a la existencia de grandes puertos, extensas costas y la capacidad de las organizaciones para aprovechar una infraestructura criminal desarrollada a lo largo de décadas. Además, el país se ha consolidado como la principal productora de marihuana de Europa, con la violencia que esto conlleva.

Es necesario comenzar con el contexto de finales de 2021, cuando las restricciones impuestas por la pandemia comenzaron a disminuir. Durante varios meses, las mafias internacionales enfrentaron dificultades para mover sus mercancías, lo que llevó a las organizaciones a buscar nuevas maneras de comercializar la droga que continuaba llegando desde los principales países productores y de tránsito.

Colombia, México, Brasil, Perú, Bolivia y Marruecos son parte de este escenario internacional en el que las organizaciones criminales han aprovechado las alteraciones generadas por la pandemia para adaptar sus estrategias operativas.

Las rutas que han proliferado desde entonces para abastecer a Europa con cocaína comparten un elemento común: África ha adquirido un papel fundamental como plataforma de tránsito y como territorio desde el cual las organizaciones intentan acercar los cargamentos a las costas europeas. España, debido a su ubicación geográfica, sus conexiones marítimas y la magnitud de sus puertos, se halla en una posición privilegiada para absorber esta nueva realidad.

En España, al igual que en otros mercados europeos, la cocaína es la sustancia que genera mayor capacidad económica y es responsable de una parte significativa de la violencia asociada al crimen organizado. Róterdam y Amberes siguen siendo grandes referentes para la entrada de cocaína en Europa, pero España brinda muchas más opciones que un solo punto de llegada.

La costa gallega sigue siendo prioritaria y, en los últimos años, los narcosubmarinos han dejado de ser un fenómeno excepcional para transformarse en una herramienta habitual de las grandes organizaciones. La Fiscalía continúa describiendo Galicia como un territorio estratégico por su configuración costera, sus rías y sus conexiones históricas con redes sudamericanas, mientras alerta acerca del uso de buques nodriza, veleros y semisumergibles para acercar la droga a la costa.

En 2024, un semisumergible que transportaba aproximadamente cuatro toneladas de cocaína procedente de Venezuela fue interceptado. Este fenómeno evidencia que la logística del narcotráfico ya no depende de una única ruta ni de un solo método: los cargamentos pueden recorrer miles de kilómetros por mar antes de llegar a las costas europeas.

El fenómeno de los narcosubmarinos ilustra hasta qué punto ha evolucionado la logística del narcotráfico. No se trata únicamente de una lancha que cruza el Estrecho o de un velero que atraca en una ría gallega. Las grandes organizaciones son capaces de emplear embarcaciones nodriza para transportar la droga desde Sudamérica y realizar posteriormente el trasvase en alta mar a embarcaciones más rápidas, que pueden alcanzar prácticamente cualquier punto de la fachada atlántica.

En marzo de 2025, las autoridades de España y Portugal interceptaron en el Atlántico un semisumergible con 6,6 toneladas de cocaína con destino a la Península Ibérica. Esta operación confirmó algo que ya había sido señalado por las investigaciones: una parte cada vez más significativa de la lucha contra el narcotráfico se desarrolla lejos de la costa, en rutas marítimas internacionales donde las organizaciones pueden aprovechar la vastedad del océano para dificultar su detección.

La costa andaluza ha experimentado una evolución similar. La operatividad de los clanes varía según las necesidades de cada momento y la presión ejercida por las fuerzas de seguridad. Cuando se implementó el OCON-SUR para contrarrestar el crecimiento de los clanes en el Campo de Gibraltar, gran parte de la actividad se trasladó hacia la costa onubense y, posteriormente, a otras áreas del litoral andaluz.

Más tarde, las organizaciones que operaban en Cádiz buscaron nuevas alianzas y rutas, y el Guadalquivir comenzó a adquirir un protagonismo creciente como vía de entrada de cocaína. La Fiscalía ha documentado cómo las narcolanchas han dejado de ser utilizadas exclusivamente para el transporte de hachís y ahora también se emplean para mover cocaína previamente descargada desde embarcaciones en alta mar.

En 2025 se intervinieron en la desembocadura del Guadalquivir cargamentos de 1.040 y 1.400 kilos de cocaína, además de otros de 220 y 415 kilos en Barbate. La propia Fiscalía describe cómo estas embarcaciones, que tradicionalmente estaban vinculadas al tráfico de hachís, se han adaptado a una mercancía mucho más rentable.

La evolución de las narcolanchas resulta especialmente significativa, ya que refleja cómo las organizaciones tradicionales han sabido aprovechar una infraestructura previamente establecida para acceder a mercados mucho más lucrativos. Transportar cocaína en lugar de hachís implica asumir mayores riesgos, pero también proporciona beneficios considerablemente más altos. La presión policial ha obligado a los grupos a diversificar sus puntos de descarga y corredores, desde Huelva hasta Almería y Málaga.

La disminución de ciertos avistamientos de narcolanchas en el Guadalquivir no implica que el fenómeno haya desaparecido, sino que vuelve a demostrar la capacidad de las organizaciones para reubicar sus operaciones cuando aumenta la presión policial. La ruta criminal se adapta con mucha más rapidez que las estadísticas, y esta capacidad de adaptación constituye uno de los principales desafíos para quienes intentan combatirla.

A esta red marítima se suma el puerto de Algeciras, que sigue siendo una pieza clave del sistema logístico español, así como los puertos de Valencia y Barcelona, donde la utilización de contenedores permite introducir grandes cantidades de droga camufladas entre mercancías legales. En Galicia, además, ha surgido una modalidad que demuestra hasta qué punto las organizaciones buscan explotar cualquier vulnerabilidad de las infraestructuras portuarias: los llamados buzos rescatadores.

La Fiscalía ha documentado cargamentos de cocaína adheridos a los cascos de portacontenedores que posteriormente son recuperados por buzos equipados con propulsores submarinos. En estos casos, la organización no necesita contaminar un contenedor y esperar a que atraviese todos los controles de una terminal. Puede colocar la droga en el exterior del buque y recuperarla posteriormente mediante una operación subacuática. Este hecho es una muestra de cómo el narcotráfico intenta convertir cada elemento de la cadena logística internacional en una oportunidad.

Sin embargo, la transformación de estos cinco años no puede entenderse únicamente desde una perspectiva marítima. También es fundamental observar las dinámicas dentro de las instituciones. El riesgo de infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado se ha convertido en una de las amenazas más vinculadas al crecimiento económico de estas organizaciones.

El dinero permite adquirir voluntades, obtener información y garantizar que un cargamento no sea inspeccionado. Y cuando la corrupción alcanza a funcionarios encargados de combatir precisamente el tráfico de drogas, la organización criminal obtiene algo mucho más valioso que una lancha: logra acceder a información privilegiada.

El caso de Óscar Sánchez Gil ha puesto esta problemática en el centro del debate. Este exinspector jefe de la UDEF en Madrid fue arrestado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo y en marzo de 2026 fue acusado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Según la investigación judicial, se le atribuye la colaboración en la introducción de al menos 73 toneladas de cocaína a través de 39 contenedores. Es importante señalar que el procesamiento no implica una condena definitiva y la defensa rechaza las acusaciones formuladas.

La relevancia del caso radica en la posibilidad de observar hasta qué punto puede llegar la capacidad financiera del narcotráfico. De acuerdo con los investigadores, Sánchez habría aprovechado su posición para beneficiar a una organización criminal y habría recibido sumas significativas de dinero. La instrucción también sostiene que contaba con información sobre diversas operaciones y pagos realizados.

Más allá de las eventuales responsabilidades penales que la Justicia determine, el caso plantea una cuestión que va más allá de un solo agente: las organizaciones criminales buscan infiltrarse en los lugares donde se toman decisiones, donde se gestionan bases de datos, donde se controlan mercancías y donde una información previa puede convertir un envío de cocaína en una operación de alto valor económico.

Este riesgo no se limita únicamente a las fuerzas del orden. La cadena portuaria, aduanera, logística y administrativa también puede ser blanco de las redes delictivas, y las investigaciones realizadas a lo largo de los últimos años han evidenciado que estas organizaciones cuentan con los recursos necesarios para intentarlo. Hasta el momento, no se ha visto un escenario similar al de países como Bolivia, donde un narcotraficante como Sebastián Marset tenía como empleados a toda la alta dirección de la Fiscalía.

Mientras tanto, el dinero intenta adquirir información y la violencia se ha establecido como otra de las características predominantes de este nuevo narcotráfico. Barbate fue el incidente que lo evidenció a nivel nacional. El 9 de febrero de 2024, los guardias civiles David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha mientras realizaban su trabajo.

Esa tragedia evidenció la transformación de la relación de fuerzas en ciertas áreas costeras: embarcaciones diseñadas específicamente para el narcotráfico, equipadas con motores potentes y capacidades significativamente superiores a las patrulleras utilizadas para su persecución, se convirtieron en herramientas capaces de desafiar abiertamente a los agentes del orden. La violencia asociada al tráfico de drogas ya no se limita a ajustes de cuentas entre narcotraficantes; ahora afecta a policías, guardias civiles, trabajadores portuarios y ciudadanos ajenos a estas actividades delictivas.

La violencia también ha adquirido un carácter internacional, especialmente en la Costa del Sol. Las investigaciones llevadas a cabo en estos años han revelado la presencia de organizaciones del norte de Europa vinculadas al tráfico de drogas y a ajustes de cuentas, poniendo de manifiesto un fenómeno sumamente preocupante: el reclutamiento de jóvenes para llevar a cabo asesinatos.

El asesinato de Jasin Ajar, quien fue tiroteado en Fuengirola, se inscribe en este nuevo contexto donde las organizaciones internacionales pueden contratar sicarios para ejecutar objetivos en España. La hipótesis de la policía en relación con este caso sugiere una posible confusión de identidad, un detalle que ilustra una consecuencia particularmente cruel de esta violencia: una persona ajena a una disputa criminal puede acabar perdiendo la vida por una guerra que ni siquiera conoce.

En lo que respecta a la marihuana, en 2021 la Fiscalía Antidroga ya había advertido sobre la proliferación de clubes cannábicos y la utilización de ciertos establecimientos como fachada para actividades relacionadas con el tráfico de drogas. La evolución posterior ha sido aún más significativa. Las plantaciones en interiores se han extendido por Cataluña, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y otras áreas del país, funcionando en muchos casos como auténticas fábricas clandestinas.

No se trata solamente de pequeños cultivadores: algunas organizaciones se hacen con viviendas, naves industriales, garajes o edificios completos, donde instalan sistemas de iluminación, climatización, ventilación y riego, organizando los cultivos en ciclos para asegurar una producción constante. La Fiscalía ha señalado en diversas memorias la profesionalización y expansión geográfica de este fenómeno.

El carácter industrial de la marihuana también se observa en su proyección internacional. Una parte significativa de la producción española no se destina al consumo interno, sino a otros mercados europeos donde el precio es más elevado. Las organizaciones pueden cultivar en Andalucía o Cataluña, almacenar la mercancía en la Costa del Sol o en otras áreas logísticas y luego transportarla hacia Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica o naciones del norte de Europa.

En este proceso, organizaciones extranjeras han cobrado protagonismo al aportar financiación, conocimientos técnicos y conexiones internacionales. El resultado es un modelo descentralizado: España opera simultáneamente como lugar de producción, almacenamiento, transformación, distribución y exportación. Y alrededor de estas plantaciones ha crecido también la violencia, incluyendo robos de droga entre organizaciones, uso de armas, secuestros y los denominados "vuelcos", que convierten el cultivo de cannabis en otro campo de confrontación criminal.

El aumento de la cocaína no ha implicado el fin del histórico negocio del hachís. La resina de cannabis proveniente de Marruecos sigue cruzando el Estrecho, y Andalucía mantiene una posición central en esta cadena, tanto para abastecer el mercado español como para distribuir posteriormente hacia Francia y otros países europeos. El hachís continúa siendo transportado en narcolanchas, pero también en camiones, semirremolques y contenedores. La variación en las toneladas incautadas de un año a otro no permite evaluar por sí sola el tamaño real del mercado, ya que las organizaciones ajustan sus rutas y los resultados dependen también de la presión policial. Lo que perdura es una infraestructura criminal extraordinariamente consolidada a ambos lados del Estrecho.

El hachís es, además, un elemento crucial para comprender la transformación del crimen organizado en Andalucía. Las mismas organizaciones pueden transportar tanto hachís como cocaína utilizando las mismas embarcaciones, conductores, almacenes, vehículos y contactos. Una red que durante años se especializó en cannabis puede incorporar cocaína cuando surja una oportunidad, mientras que otra que se dedicó a la cocaína puede aprovechar las estructuras logísticas ya establecidas para el hachís. Las fronteras entre los mercados son cada vez menos claras y esta diversificación permite a los grupos sobrevivir incluso cuando una de sus actividades enfrenta una fuerte presión policial.

Sin embargo, tal vez uno de los cambios más significativos de este lustro se ha materializado a través del ingreso de organizaciones mexicanas en el mercado europeo de las drogas sintéticas. En mayo de 2024, la Policía Nacional desmanteló la infraestructura en España del cártel de Sinaloa y confiscó 1.800 kilos de metanfetamina en Alicante, en una operación que abarcaba una red activa en Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. La Policía calificó esta intervención como la segunda mayor aprehensión de metanfetamina en Europa hasta ese momento y destacó que se trataba de un punto de abastecimiento crucial de drogas sintéticas para el continente.

En enero de 2026, una segunda fase de la operación Saga posibilitó la detención de nueve individuos y la localización de un supuesto miembro del cártel que se encontraba oculto en Madrid. Asimismo, se interceptaron 40 kilos de metanfetamina escondidos en la base de una estatua con destino a Tenerife y se localizaron cerca de tres millones de euros en un búnker perteneciente a una empresa de mármol.

En 2026, se registró un episodio aún más notable. La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Francia, logró desmantelar una rama asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual estaba involucrada en el tráfico internacional de metanfetamina. Esta organización había introducido cerca de 2,5 toneladas de metanfetamina disueltas en aproximadamente 12 toneladas de líquido de vainilla proveniente de México y había establecido en España un laboratorio clandestino destinado a recuperar, purificar y cristalizar dicha sustancia.

La operación llevó a la intervención de alrededor de 2.400 kilos de metanfetamina y a la detención de 13 individuos, de los cuales doce fueron encarcelados. El salto cualitativo es evidente: España no solo se presenta como un punto de tránsito para una droga fabricada en México, sino como un territorio en el que una organización internacional puede establecer una infraestructura para la recuperación y preparación de la sustancia antes de su distribución en Europa.

No obstante, las drogas sintéticas no son exclusivas de los cárteles mexicanos. España también ha experimentado un crecimiento en infraestructuras europeas dedicadas a la producción de MDMA y otras sustancias sintéticas. El descubrimiento de laboratorios clandestinos equipados con tecnología industrial y con conexiones internacionales respalda la idea de que el país se ha convertido también en un lugar de fabricación. Este cambio es significativo respecto a la percepción tradicional del narcotráfico en España: además de recibir cocaína y hachís del exterior, y de cultivar marihuana para exportar, algunas redes han comenzado a utilizar el territorio nacional para procesos de transformación y producción de drogas sintéticas.

Como resultado de este proceso, el mapa del narcotráfico en España en 2026 presenta diferencias notables en comparación con el de 2021. El hachís sigue siendo una industria esencial y mantiene en el Estrecho uno de sus principales corredores europeos; la cocaína ha ganado relevancia y ha obligado a las organizaciones a diversificar sus rutas de entrada; la marihuana se ha industrializado en diversas áreas; y las drogas sintéticas han creado un nuevo escenario en el que se presentan organizaciones mexicanas, grupos europeos y redes internacionales capaces de establecer infraestructuras propias.

Así, España se ha convertido en un espacio donde convergen prácticamente todos los modelos actuales de narcotráfico: producción, tránsito, almacenamiento, recuperación, transformación, distribución y blanqueo.

La transformación significativa en estos cinco años no se halla, por lo tanto, únicamente en la cantidad de droga que ingresa a España. Se encuentra en la diversidad de mercados y en la capacidad de las organizaciones para mezclar estos mercados. Un mismo entramado puede mover hachís desde Marruecos, emplear una ruta marítima para introducir cocaína, cultivar marihuana en el interior del país, almacenar metanfetamina y recurrir a empresas que aparentemente son legales para ocultar sus beneficios.

Puede utilizar un narcosubmarino para cruzar el Atlántico, una narcolancha para completar una descarga, un contenedor para introducir cocaína, un buzo para recuperarla del casco de un barco mercante o una infraestructura empresarial para blanquear el dinero. Esta diversificación también explica por qué el narcotráfico es cada vez más complicado de combatir: cuando una ruta se cierra, surge otra; cuando una sustancia se convierte en un objetivo prioritario de las Fuerzas de Seguridad, las organizaciones tienen otros mercados a los que recurrir para continuar con sus actividades.

Cinco años después de aquel 2021 que se considera como punto de inicio, el mapa del narcotráfico en España es mucho más intrincado. Ya no se puede explicar exclusivamente a través de los clanes tradicionales del Estrecho o de las organizaciones de Galicia. En las mismas rutas coinciden estructuras tanto españolas como extranjeras, grupos latinoamericanos, organizaciones balcánicas, redes marroquíes y grupos provenientes del norte de Europa. Los grandes puertos, las costas, los ríos, las plantaciones y las ciudades forman parte de una misma cadena logística en la que cada organización puede aportar una pieza diferente.

El balance de estos cinco años no puede realizarse únicamente contabilizando kilos de droga. Las estadísticas de incautaciones deben ser interpretadas con precaución, ya que una gran operación puede alterar considerablemente las cifras y la droga confiscada representa solamente una fracción del mercado real.

Lo que se ha podido observar durante este periodo es una evolución hacia organizaciones con una mayor capacidad económica, más conexiones internacionales y una notable habilidad de adaptación. Cuando una ruta se bloquea, aparece una nueva; cuando una playa deja de ser segura, la descarga se reubica; cuando un puerto endurece los controles, la droga puede ser transportada en otro barco, en otro contenedor o incluso adherida al casco de una embarcación.

Y quizás ese sea el verdadero balance de este lustro: España no se ha convertido únicamente en un lugar por el que transita más droga, sino en un territorio donde el narcotráfico ha construido una infraestructura cada vez más compleja. Existen narcosubmarinos cruzando el Atlántico, buzos recuperando cocaína de los cascos de los barcos mercantes, narcolanchas descargando en las costas y en el Guadalquivir, contenedores contaminados en los grandes puertos, fábricas clandestinas de marihuana, redes mexicanas introduciendo metanfetamina y organizaciones que son capaces de buscar dentro de las instituciones la información necesaria para asegurar sus operaciones. La diferencia con respecto a hace cinco años no radica solo en la existencia de más actores: es que esos actores han aprendido a compartir rutas, contactos, logística y mercados.

Mientras todo esto ocurre, la violencia se aproxima cada vez más a la sociedad que se mantiene al margen del negocio. Barbate ha registrado la muerte de dos guardias civiles. La violencia de las organizaciones internacionales ha alcanzado la Costa del Sol, convirtiendo a los sicarios jóvenes en una pieza más del mercado criminal. Las plantaciones de marihuana provocan vuelcos y enfrentamientos; las disputas por cargamentos de cocaína generan ajustes de cuentas; y la corrupción amenaza con abrir una vía de entrada en aquellos lugares donde deberían existir los mecanismos de protección del Estado. Entre 2021 y 2026, el narcotráfico español ha cambiado de rutas, de socios y de métodos. Lo que permanece constante es su capacidad de adaptación. Y esta capacidad, más que cualquier cifra concreta de droga incautada, es lo que explica por qué el crimen organizado se ha convertido en uno de los desafíos más complejos que enfrenta España.