Los ataques aéreos de Trump causan la muerte de 238 personas sin impactar la principal ruta de cocaína en Colombia.

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Los ataques aéreos de Trump causan la muerte de 238 personas sin impactar la principal ruta de cocaína en Colombia.

⟫ 2026-10-06 ⟫ Redacción

Primero, se percibe el zumbido agudo de los drones en lo alto. Luego, se escucha el estruendo de las explosiones. «Y después, los días posteriores, el mar trae bidones, fragmentos de embarcaciones, drogas y personas también», relata Alberto, un empresario local que reside en la remota península colombiana de La Guajira.

Esta sombría secuencia de acontecimientos se ha vuelto habitual para quienes residen a lo largo de esta árida franja desértica, cuyas costas están bañadas por una zona del Caribe que ha sido escenario de aproximadamente 21 ataques con misiles estadounidenses contra lanchas rápidas en el último año.

La campaña militar de Estados Unidos contra los supuestos «narcoterroristas» que operan estas embarcaciones, conocida como Operación Lanza del Sur, ha dejado de ser tan prominente en los medios de comunicación como lo fue al momento de llevar a cabo el primer ataque hace poco más de un año, el 2 de septiembre.

Sin embargo, la intensidad de las acciones no ha disminuido. A pesar de las severas críticas de expertos legales y organizaciones de derechos humanos, quienes califican la operación como un programa ineficaz que, en esencia, se traduce en asesinatos extrajudiciales, las pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental siguen siendo objetivo de Estados Unidos.

Más de 235 personas han perdido la vida en alrededor de 70 ataques hasta la fecha. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha justificado la campaña como legítima y necesaria. En marzo, el presidente afirmó que su esfuerzo ayudó a eliminar casi por completo el tráfico de drogas por mar hacia los Estados Unidos.

No obstante, en el terreno, la población narra una historia diferente. Periodistas de OCCRP y de medios especializados viajaron a La Guajira, ubicada en el extremo más septentrional del continente sudamericano, para investigar si los ataques han impactado el tráfico de cocaína en esta región, históricamente asociada al contrabando.

Los residentes, funcionarios y expertos en narcotráfico que ofrecieron su testimonio —la mayoría de forma anónima por motivos de seguridad— afirmaron que los ataques no han logrado detener las salidas de lanchas desde esta empobrecida región, donde un complejo ecosistema de grupos criminales controla el tráfico de cocaína y donde el contrabando continúa siendo una alternativa para subsistir.

Cuando los lancheros que transportan droga —también conocidos como choferes— son arrestados o pierden la vida, los traficantes que coordinan el negocio simplemente «encuentran a otros nuevos. No hay cambios», declaró una funcionaria estatal con amplia trayectoria que viaja frecuentemente por La Guajira. «Estas muertes solo afectan a las familias, solo ellos lo sienten, nadie más».

La funcionaria señaló que no ha observado ninguna disminución en el flujo de lanchas rápidas desde la península durante el último año. Esta percepción es compartida por otras fuentes. «Un amigo salió anoche», comentó de manera casual un joven lanchero, vestido con una camiseta de polo, durante una entrevista en Riohacha, la capital de La Guajira.

Un cargamento necesita al menos media tonelada de cocaína para que sea rentable, explicaron a los periodistas, y generalmente se requiere un mínimo de dos semanas para preparar la embarcación, los motores, el combustible y el capital necesario para pagar a los propietarios de las playas desde donde zarpan las lanchas conocidas como go-fast.

Uno de los puntos de despegue es Puerto López, un asentamiento aislado que se encuentra a varias horas en vehículo por la costa oriental de la península de La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela. Allí, en playas bañadas por aguas verdosas y azuladas, aún son visibles los rastros de los bombardeos arrastrados por las corrientes: bidones azules de gasolina medio quemados, restos del casco de una lancha carbonizada y otros desechos.

Según relata un residente que se encuentra parado al borde de una playa llena de basura, el dueño de los cargamentos de droga generalmente envía a personas para recuperar la carga al día siguiente de un ataque aéreo, ofreciendo hasta 3 millones de pesos colombianos (947 dólares) por cada bloque de cocaína que llega a la orilla.

Las playas, ensenadas y cuevas de los 300 kilómetros de costa de la Alta Guajira han sido utilizadas durante mucho tiempo como puntos de tránsito para el contrabando. En la década de 1950, el café era enviado hacia las cercanas islas del Caribe, mientras que la gasolina aún ingresa desde la vecina Venezuela cuando es más económica allí.

«En esa zona se mueve absolutamente de todo», afirmó Lerber Dimas Vásquez, antropólogo colombiano de la Universidad del Magdalena que investiga temas relacionados con el crimen organizado. «Este es uno de los puntos más cercanos a las islas del Caribe, lo que tenemos es un corredor extremadamente importante. Y muy mal vigilado. Se ha utilizado durante años para el contrabando».

En la actualidad, la cocaína es el producto que genera más ingresos. Varios cientos de kilómetros al sur se ubica el Catatumbo, una cadena montañosa y boscosa a lo largo de la frontera con Venezuela que es la segunda región productora de cocaína más relevante de Colombia.

Dimas Vásquez explicó que la droga se transporta desde allí hasta La Guajira en camiones con remolque, que se integran fácilmente en un flujo constante de vehículos pesados que transportan carbón extraído en el Catatumbo.

Desde La Guajira, pequeñas lanchas cargadas de cocaína continúan «yendo y viniendo hacia la República Dominicana. También hacia Curazao y Aruba. Todo sigue igual. Eso nunca se detiene. Tal vez cobran más por viajar», relató un funcionario administrativo local a OCCRP.

Según Alberto, el empresario local que también cumplió una condena por narcotráfico, una mezcla diversa de hombres opera estas lanchas. Hay miembros de la comunidad indígena local Wayúu, así como puertorriqueños, antillanos, dominicanos y venezolanos.

«Se embarcan con hasta 3.000 kilos [de cocaína a bordo], cuatro motores de 350 [caballos de fuerza], 25 tanques de gasolina. Se tarda una hora en llegar a Venezuela, tres a Curazao y menos de 17 a la República Dominicana», comentó.

El 9 de septiembre, una lancha que zarpó de La Guajira fue atacada, según indicaron residentes locales. Las autoridades estadounidenses informaron que «tres narcoterroristas» perdieron la vida en un ataque ese día.

Los comunicados de Estados Unidos nunca mencionan ni los nombres ni las nacionalidades de los individuos fallecidos en los ataques, mientras que las autoridades de los países de origen —entre ellos Colombia, Venezuela y Ecuador— tampoco han proporcionado mucha información.

Al final, la tarea de identificar a estas personas ha recaído en las comunidades locales y en los periodistas. Un consorcio liderado por un medio de investigación logró recopilar los nombres —o, al menos, cierta información— de 19 hombres asesinados entre el 2 de septiembre y el 5 de mayo en el mar.

Cuando se solicitó información al Comando Sur de Estados Unidos sobre su metodología para identificar los objetivos, no proporcionaron detalles. Sin embargo, afirmaron que «todos los narcoterroristas neutralizados» en el contexto de la campaña «eran miembros afiliados a una organización terrorista designada, que transportaban activamente material ilícito a lo largo de rutas de tráfico conocidas en aguas internacionales».

A un año del inicio de la Operación Lanza del Sur, los funcionarios estadounidenses se mostraron menos optimistas que su presidente en un documento de actualización. Sin embargo, afirmaron que la campaña había promovido una reducción del 60 por ciento en la actividad marítima ilícita en la región del Caribe Oriental que incluye a La Guajira. También proclamaron una disminución del 65 por ciento en el Caribe Occidental y una caída de casi el 50 por ciento en áreas clave del Pacífico Oriental.

El gobierno de Trump no revela cómo mide el éxito, pero Catalina Niño, coordinadora de proyectos en la sede local de la organización prodemocracia alemana Friedrich Ebert Stiftung, señaló que «no hay nada que indique que la estrategia está logrando su supuesto objetivo».

«No existe evidencia que respalde la eficacia de la estrategia, ni siquiera en términos de pruebas físicas, ya que al destruir las embarcaciones no se conserva ningún indicio. No hay personas a quienes judicializar y carecemos de pruebas verificables que demuestren la presencia de droga en esas lanchas», señala. «Es imposible obtener pruebas al respecto».

Un informe publicado en julio por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un grupo defensor de los derechos humanos, indicó que la evidencia existente sugería que la campaña militar estaba teniendo poco o ningún efecto en el suministro de cocaína que llega a los Estados Unidos.

En una investigación previa sobre la campaña Lanza del Sur, el medio latinoamericano de investigación El CLIP logró identificar a 19 víctimas de los bombardeos estadounidenses y descubrió que, de manera paradójica, la lucha antinarcóticos convencional había sido más efectiva en la detención de cocaína, sin causar ningún fallecido. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, CLIP halló que en el Caribe y el Pacífico se confiscaron al menos 140 toneladas de cocaína y se arrestaron a 160 tripulantes que posteriormente fueron entregados a la justicia.

Al ser contactada para ofrecer declaraciones, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, manifestó que «todos estos ataques contundentes han sido dirigidos contra narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas, y el presidente continuará utilizando todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia».

La Presidencia de Colombia no respondió a las solicitudes de comentarios. La Vicedefensora del Pueblo del país, Paula Aponte, declaró en un comunicado que su oficina ha solicitado más información a otros organismos estatales sobre los ciudadanos colombianos que se presume fallecieron en los atentados, aunque sin mucho éxito.

Al final de una calle destapada y polvorienta en Riohacha se halla una casa de ladrillo de un solo piso, donde una familia Wayúu espera desde mayo el regreso de un lanchero. La familia, que vive sin acceso a agua corriente, ha recorrido la península en busca de su cadáver. También revisan de forma constante las redes sociales, donde circulan videos impactantes de las víctimas de las embarcaciones bombardeadas.

«Nada aparece. Se ha preguntado incluso en República Dominicana. Absolutamente nada, no aparecen», expresó una mujer angustiada que abrió la puerta de la casa de la familia y se identificó como vecina. La mujer aclaró que, sin un cuerpo, la madre del hombre se niega a aceptar su muerte.

Sin embargo, muchos creen que sus últimos momentos fueron captados en el video que acompaña a un comunicado de prensa del Comando Sur de los Estados Unidos, en el que anunciaron un ataque con misiles el 4 de mayo contra una embarcación «operada por Organizaciones Terroristas Designadas» en el Mar Caribe. «Dos narcoterroristas de sexo masculino murieron durante esta acción», afirmaba el comunicado de prensa.

Tras ese anuncio, rápidamente se difundió la noticia en La Guajira de que los dos hombres podrían pertenecer a la comunidad Wayúu, que ha habitado este desierto durante siglos. Un grupo se aventuró al mar en su búsqueda y halló los restos de una embarcación, así como un cuerpo vestido con un flotador y un traje de navegante, que se movía sin cabeza, llevándose a la deriva al compás de las olas. Según la costumbre Wayúu, solo las mujeres tienen permitido tocar a sus muertos.

Poco después, comenzaron a circular en las redes sociales imágenes conmemorativas de dos lugareños: Adrián Lubo y Ronald Arregocés, amigos de Riohacha. Ambos eran menores de 40 años y eran reconocidos como pilotos de lanchas que, en ocasiones, servían a narcotraficantes para transportar su droga. Una persona cercana a uno de ellos, que habló bajo condición de anonimato, indicó que Lubo había adquirido notoriedad local como un hábil conductor de lanchas rápidas que había ‘coronado’ varios cargamentos de cocaína hacia las islas vecinas del Caribe.

En La Guajira, la Fiscalía le comentó a OCCRP que no se había iniciado ninguna investigación penal contra Lubo y Arregocés, y que ninguno de los dos figuraba en un organigrama criminal. Los familiares de los hombres buscaron la ayuda de un mediador respetado, conocido como «palabrero», para solicitar una compensación al propietario del cargamento de drogas. «El narco les dio su palabra», comenta una persona en una ranchería a la que acudieron estos familiares, «pero al parecer no les ha cumplido».

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Trump's airstrikes result in the death of 238 people without affecting the main cocaine route in Colombia.

⟫ 2026-10-06 ⟫ Editorial

First, the sharp buzzing of drones can be heard overhead. Then, the sound of explosions follows. "And afterwards, in the days that follow, the sea brings barrels, fragments of boats, drugs, and people too," recounts Alberto, a local businessman residing in the remote Colombian peninsula of La Guajira.

This grim sequence of events has become routine for those living along this arid desert strip, whose coasts are washed by a Caribbean area that has been the scene of approximately 21 U.S. missile attacks against speedboats in the past year.

The U.S. military campaign against the alleged "narcoterrorists" operating these vessels, known as Operation Southern Lance, has become less prominent in the media than it was at the time of the first attack just over a year ago, on September 2.

However, the intensity of the actions has not diminished. Despite severe criticism from legal experts and human rights organizations, who label the operation as an ineffective program that essentially translates into extrajudicial killings, small boats in the Caribbean and Eastern Pacific continue to be targets of the United States.

More than 235 people have lost their lives in around 70 attacks to date. The government of U.S. President Donald Trump has justified the campaign as legitimate and necessary. In March, the president claimed that his effort helped nearly eliminate drug trafficking by sea to the United States.

Nevertheless, on the ground, the population tells a different story. Journalists from OCCRP and specialized media sources traveled to La Guajira, located at the northernmost tip of the South American continent, to investigate whether the attacks have impacted cocaine trafficking in this region, historically associated with smuggling.

Residents, officials, and drug trafficking experts who provided testimony—most anonymously for security reasons—asserted that the attacks have not succeeded in stopping the departures of boats from this impoverished region, where a complex ecosystem of criminal groups controls cocaine trafficking and where smuggling remains an alternative for survival.

When the boatmen transporting drugs—also known as drivers—are arrested or lose their lives, the traffickers coordinating the business simply "find new ones. There are no changes," stated a state official with extensive experience who frequently travels through La Guajira. "These deaths only affect the families; only they feel it, no one else."

The official noted that she has not observed any decrease in the flow of speedboats from the peninsula over the past year. This perception is shared by other sources. "A friend left last night," casually commented a young boatman, dressed in a polo shirt, during an interview in Riohacha, the capital of La Guajira.

A shipment needs at least half a ton of cocaine to be profitable, journalists were told, and it generally takes a minimum of two weeks to prepare the boat, the engines, the fuel, and the capital needed to pay the owners of the beaches from where the boats known as go-fast depart.

One of the launch points is Puerto López, an isolated settlement located several hours by vehicle along the eastern coast of the La Guajira peninsula, near the border with Venezuela. There, on beaches washed by greenish and bluish waters, traces of the bombings dragged by the currents are still visible: half-burned blue gasoline barrels, remnants of a charred boat hull, and other debris.

According to a resident standing on the edge of a beach littered with garbage, the owner of the drug shipments typically sends people to recover the load the day after an airstrike, offering up to 3 million Colombian pesos (947 dollars) for each block of cocaine that reaches the shore.

The beaches, coves, and caves along the 300 kilometers of coastline in Alta Guajira have long been used as transit points for smuggling. In the 1950s, coffee was sent to nearby Caribbean islands, while gasoline still enters from neighboring Venezuela when it is cheaper there.

"In that area, absolutely everything moves," stated Lerber Dimas Vásquez, a Colombian anthropologist from the University of Magdalena who researches issues related to organized crime. "This is one of the closest points to the Caribbean islands; what we have is an extremely important corridor. And very poorly monitored. It has been used for years for smuggling."

Currently, cocaine is the product that generates the most income. Several hundred kilometers to the south lies Catatumbo, a mountainous and forested region along the border with Venezuela that is the second most significant cocaine-producing area in Colombia.

Dimas Vásquez explained that the drug is transported from there to La Guajira in trailer trucks, which easily integrate into a constant flow of heavy vehicles transporting coal extracted in Catatumbo.

From La Guajira, small boats loaded with cocaine continue "going back and forth to the Dominican Republic. Also to Curacao and Aruba. Everything remains the same. That never stops. Maybe they charge more for traveling," a local administrative official told judicial sources.

According to Alberto, a local businessman who also served a sentence for drug trafficking, a diverse mix of men operates these boats. There are members of the local Wayúu indigenous community, as well as Puerto Ricans, Antilleans, Dominicans, and Venezuelans.

"They embark with up to 3,000 kilos [of cocaine on board], four 350 [horsepower] engines, 25 gasoline tanks. It takes an hour to reach Venezuela, three to Curacao, and less than 17 to the Dominican Republic," he commented.

On September 9, a boat that departed from La Guajira was attacked, according to local residents. U.S. authorities reported that "three narco-terrorists" lost their lives in an attack that day.

U.S. statements never mention the names or nationalities of the individuals killed in the attacks, while authorities from the countries of origin—among them Colombia, Venezuela, and Ecuador—have also not provided much information.

Ultimately, the task of identifying these individuals has fallen to local communities and journalists. A consortium led by a research media outlet managed to gather the names—or at least some information—of 19 men killed between September 2 and May 5 at sea.

When asked for information from U.S. Southern Command about their methodology for identifying targets, they did not provide details. However, they stated that "all the neutralized narco-terrorists" in the context of the campaign "were affiliated with a designated terrorist organization, actively transporting illicit material along known trafficking routes in international waters."

One year after the launch of Operation Southern Lance, U.S. officials appeared less optimistic than their president in an update document. However, they claimed that the campaign had promoted a 60 percent reduction in illicit maritime activity in the Eastern Caribbean region, which includes La Guajira. They also proclaimed a 65 percent decrease in the Western Caribbean and a nearly 50 percent drop in key areas of the Eastern Pacific.

The Trump administration does not disclose how it measures success, but Catalina Niño, project coordinator at the local headquarters of the German pro-democracy organization Friedrich Ebert Stiftung, noted that "there is nothing to indicate that the strategy is achieving its supposed goal."

"There is no evidence supporting the effectiveness of the strategy, not even in terms of physical evidence, since destroying the vessels leaves no trace. There are no individuals to prosecute, and we lack verifiable evidence demonstrating the presence of drugs on those boats," she states. "It is impossible to obtain evidence on this matter."

A report published in July by the Washington Office on Latin America (WOLA), a human rights advocacy group, indicated that existing evidence suggested the military campaign was having little or no effect on the supply of cocaine reaching the United States.

In a previous investigation into the Southern Lance campaign, the Latin American investigative outlet El CLIP managed to identify 19 victims of U.S. bombings and found that, paradoxically, conventional anti-drug efforts had been more effective in intercepting cocaine without causing any fatalities. Between September 2025 and February 2026, CLIP found that at least 140 tons of cocaine were confiscated in the Caribbean and Pacific, and 160 crew members were arrested and subsequently brought to justice.

When contacted for comments, White House spokesperson Anna Kelly stated that "all these decisive attacks have been directed against designated narco-terrorists bringing deadly poison to our shores, and the president will continue to use all the resources of U.S. power to prevent drugs from flooding our country and to bring those responsible to justice."

The Presidency of Colombia did not respond to requests for comments. The Deputy Ombudsman of the country, Paula Aponte, stated in a statement that her office has requested more information from other state agencies about the Colombian citizens presumed to have died in the attacks, although with little success.

At the end of a dusty, unpaved street in Riohacha, there is a single-story brick house where a Wayúu family has been waiting since May for the return of a boatman. The family, which lives without access to running water, has traveled the peninsula in search of his body. They also constantly check social media, where shocking videos of the victims of the bombed vessels circulate.

“Nothing appears. Inquiries have even been made in the Dominican Republic. Absolutely nothing, they do not appear,” expressed a distressed woman who opened the door of the family’s house and identified herself as a neighbor. The woman clarified that, without a body, the man's mother refuses to accept his death.

However, many believe that his last moments were captured in the video accompanying a press release from the U.S. Southern Command, in which they announced a missile attack on May 4 against a vessel “operated by Designated Terrorist Organizations” in the Caribbean Sea. “Two male narcoterrorists were killed during this action,” the press release stated.

Following that announcement, news quickly spread in La Guajira that the two men might belong to the Wayúu community, which has inhabited this desert for centuries. A group ventured out to sea in search of them and found the remains of a vessel, as well as a body dressed with a life jacket and a sailor's suit, drifting headless with the waves. According to Wayúu custom, only women are allowed to touch their dead.

Shortly thereafter, commemorative images of two locals began to circulate on social media: Adrián Lubo and Ronald Arregocés, friends from Riohacha. Both were under 40 years old and were recognized as boat pilots who occasionally served drug traffickers to transport their drugs. A person close to one of them, who spoke on condition of anonymity, indicated that Lubo had gained local notoriety as a skilled fast boat driver who had 'crowned' several cocaine shipments to neighboring Caribbean islands.

In La Guajira, the Prosecutor's Office told judicial sources that no criminal investigation had been initiated against Lubo and Arregocés, and that neither of them appeared in a criminal organizational chart. The families of the men sought the help of a respected mediator, known as a “palabrero,” to request compensation from the owner of the drug shipment. “The narco gave them his word,” comments a person in a ranchería that these family members visited, “but apparently he has not fulfilled it.”

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