Recientemente, Países Bajos se convirtió en el centro de atención mediática tras la aparición de un grupo de sicarios que irrumpió en una vivienda con el objetivo de ajustar cuentas con un supuesto narcotraficante que había reportado la pérdida de una considerable cantidad de cocaína, parte de la cual había sido confiscada en España. Estas mismas personas compartieron un vídeo amenazante en el que especificaban las cantidades de droga involucradas.
Las autoridades lograron capturar a gran parte de la organización delictiva y, semanas más tarde, también detuvieron al objetivo de los narcotraficantes, quien se encontraba en Alemania. En la actualidad, las autoridades están investigando un caso similar, pero con un desenlace más trágico para la víctima, que fue secuestrada y sometida a torturas debido a la supuesta pérdida de 500 kilos de la misma droga, también en España, y que finalmente fue raptada en Amberes. Afortunadamente, logró escapar y tiene la oportunidad de contar su historia.
Se han arrestado a diez individuos, de los cuales siete fueron detenidos en Países Bajos y tres en España, por los delitos de pertenencia a organización criminal y secuestro, ingresando en prisión la mayoría de ellos. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones en el futuro.
La investigación se inició, como es habitual en estos casos, tras una denuncia presentada por los familiares de una víctima de secuestro que tuvo lugar el 15 de febrero en Amberes, Bélgica. Los familiares informaron que habían recibido llamadas y vídeos a través de plataformas encriptadas de su ser querido, quien intentaba tranquilizarlos asegurando que pronto estarían juntos una vez que terminara de resolver unas gestiones.
Tras realizar diversas pesquisas, se descubrió que esta persona había sido secuestrada porque supuestamente era responsable de una pérdida de 500 kilos de cocaína que transportaba en una furgoneta desde España hacia Países Bajos, y los captores solicitaban un rescate de 600.000 euros por su liberación.
El secuestro ocurrió el 15 de febrero, cuando la víctima paseaba por una calle de Amberes, donde fue conducida a un local industrial que la organización criminal utilizaba como sede de una empresa de alquiler de trasteros. Cada uno de estos trasteros estaba custodiado por un individuo armado y se utilizaban para mantener a los secuestrados en su interior.
Una vez dentro, la víctima fue sometida a brutales torturas y agresiones físicas. Durante su cautiverio, también fue testigo de cómo a otra víctima, que no conocía, le amputaron tres falanges de una mano, así como del estado de extrema inconsciencia de otra persona.
Tras varios días en la nave, la víctima fue trasladada a un apartamento del entramado criminal en Países Bajos, donde estuvo en contacto con otra persona secuestrada y continuaron las agresiones físicas. Los miembros de la organización decidieron llevarle de regreso a Bélgica en un vehículo. Temiendo por su vida, durante el trayecto logró saltar del coche en movimiento, cayendo por un barranco y alcanzando una gasolinera donde pidió ayuda.
Estos eventos revelan que esta organización contaba con una estructura profesional robusta, ofreciendo servicios de secuestro por encargo a otros grupos criminales y disponiendo de inmuebles para el cautiverio en Países Bajos y Bélgica, así como de personal remunerado con diferentes funciones, que incluían torturadores, vigilantes de seguridad y conductores.
La operación se llevó a cabo en dos fases: la primera, el 24 de febrero en Países Bajos, resultó en la detención de siete personas, entre ellas el inquilino del apartamento arrendado por la organización y el propietario de los trasteros. La segunda fase tuvo lugar el 24 de septiembre en España, donde se detuvo a otras tres personas, quienes eran el líder y ideólogo de la organización, su mano derecha, y el cabecilla del entramado que se dedicaba al narcotráfico para el cual trabajaba la víctima.
A estas personas se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal y secuestro, y la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de nueve de ellas. La investigación sigue en curso, ya que se han hallado restos de sangre y ADN de la víctima en los inmuebles, así como de otras personas que aún están por identificar, por lo que no se descartan más detenciones en el futuro.
