El narcotráfico es una actividad económica que genera miles de millones de euros y que requiere estar al tanto de cualquier información que pueda impactarle. A nivel macroeconómico, la actividad de numerosas organizaciones criminales se encuentra influenciada por decisiones políticas que les afectan de manera directa. En Colombia, el principal país productor de cocaína, se ha instaurado un nuevo gobierno tras el mandato de Gustavo Petro, ahora encabezado por Abelardo de la Espriella, un abogado penalista con numerosos clientes en el ámbito del crimen organizado, a quienes ha declarado la guerra. Esta decisión de adoptar un enfoque legislativo similar al del presidente salvadoreño Bukele, utilizando vídeos de confrontación con detenidos en las calles y adoptando una postura agresiva, ha llevado a las disidencias de las FARC, al ELN y a los clanes de narcotráfico relacionados con el paramilitarismo colombiano a modificar sus estrategias.
Estos grupos delictivos buscan exportar de inmediato todo su inventario de cocaína, pues desconfían de las posibles operaciones policiales contundentes en su contra, al tiempo que temen que el posible regreso de la fumigación con glifosato deje al mercado sin abastecimiento.
Durante su anterior mandato, Espriella fue objeto de investigación por parte de las autoridades estadounidenses, quienes indagaban si facilitaba a sus clientes el blanqueo de capitales; sin embargo, ahora pretende demostrar su seriedad en el cargo. Su credibilidad ha alcanzado un punto tal que las principales organizaciones criminales en Colombia se ven obligadas a enviar toda la cocaína que puedan a España, incluso a un precio inferior al habitual.
La situación ha llegado a un punto en el que los aliados europeos de los clanes colombianos están adquiriendo la cocaína al precio más bajo registrado. Mientras el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual se sitúa en un 4,9 por ciento, la cocaína comprada al por mayor se está adquiriendo a 11.000 euros en España, un precio que anteriormente no bajaba de 18.000 euros, y que hace apenas cinco años alcanzaba los 30.000 euros.
La disminución de precios se ha implementado para facilitar la reducción del stock en Sudamérica, y la avalancha de cocaína es tal que recientemente se han avistado al menos 19 narcolanchas en las costas del Algarve, en Portugal. En el sur de Portugal ha surgido un problema que resulta complejo de resolver y al que no estaban acostumbrados, dado que los alijos de cocaína son constantes en la región, así como en toda la costa del país vecino.
Las escenas observadas en el Campo de Gibraltar, en el Guadalquivir o en la costa onubense, donde se pueden encontrar narcolanchas abandonadas o bidones de gasolina desechados en las orillas de las playas, se han vuelto habituales en el sur de Portugal. Hay tanta cocaína que puede ser introducida en Europa por cualquier vía, además de a precios más bajos que nunca. Sin embargo, el consumidor no notará esta disminución de precios.
La intensa actividad en el Algarve relacionada con las "gomas" solo puede explicarse por la presión ejercida por el Gobierno colombiano sobre el crimen organizado, lo que lleva a los clanes internacionales a actuar por temor a perder parte del negocio. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína, seguido por Perú y Bolivia, que por el momento permanecen al margen de este conflicto. La decisión de Espriella ha agitado el avispero, y hay organizaciones criminales que se encuentran al borde del colapso, lo que hace complicado gestionar tal volumen de cocaína.
En cualquier negocio, contar con un stock tan elevado puede representar un gran desafío. Este ha sido el razonamiento de las mafias colombianas, que han optado por deshacerse del problema bajando los precios. Como resultado, narcosubmarinos, buques mercantes y portacontenedores están transportando más cocaína que nunca, lo que ya conlleva problemas graves de seguridad.
En Galicia, un territorio tradicional de entrada para el narcotráfico, se ha hallado un cadáver en la última semana, y existen hasta diez desaparecidos, según algunas fuentes cercanas a Cambados y Vilagarcía de Arousa. Si estos incidentes están vinculados al narcotráfico, representan un ejemplo más de las consecuencias que puede acarrear la llegada masiva de una droga que produce un índice de violencia considerablemente superior al de otras sustancias.
La política de mano dura contra el narcotráfico que promueve Abelardo de la Espriella en Colombia tendrá repercusiones que se extenderán más allá de las fronteras del país. Sus propuestas de endurecer las penas, perseguir los capitales derivados del negocio de la cocaína, fortalecer la seguridad y facilitar la extradición de los grandes capos representan una amenaza directa para los intereses de organizaciones criminales que manejan miles de millones de euros y cuentan con redes internacionales cada vez más complejas.
El temor de los narcotraficantes no se explica únicamente por el riesgo de acabar en prisión. Una ofensiva efectiva del Estado podría llevar al desmantelamiento de laboratorios, la desarticulación de redes de distribución, la ruptura de lazos con funcionarios corruptos y la dificultad para que los cargamentos lleguen a Europa. Sin embargo, la experiencia indica que estas organizaciones rara vez desaparecen de la noche a la mañana. Cuando se incrementa la presión policial, suelen reorganizarse, buscar nuevos intermediarios y explorar rutas alternativas para mantener sus beneficios.
España ya se ve afectada por esta transformación. Andalucía, debido a su ubicación geográfica y sus conexiones marítimas, se ha convertido en uno de los puntos críticos en la lucha europea contra el tráfico de cocaína. El río Guadalquivir y sus alrededores han sido objeto de investigaciones policiales vinculadas a la introducción de drogas mediante embarcaciones rápidas. Asimismo, en Huelva, y considerando los movimientos en el Algarve, es muy probable que esta droga termine en las costas de Huelva. Una posible reorganización de las redes criminales podría resultar en nuevos intentos de introducir cargamentos, un aumento de la violencia entre bandas y mayores dificultades para las fuerzas de seguridad.
La cuestión fundamental es que el narcotráfico opera como una industria transnacional. Atacar su origen puede debilitarla, pero también puede obligarla a modificar su estrategia. Para España, la respuesta radica en anticiparse a esos movimientos, intensificar la vigilancia y perseguir no solo la droga, sino también el dinero y las estructuras que sustentan el negocio. Si existen 19 narcolanchas, como las observadas en Portugal, encargadas de la logística de alijos de cocaína, esto se traduce en cientos de millones de euros en efectivo. Por lo tanto, es crucial seguir la pista del dinero, que cada vez se introduce más en la economía legal.
