La existencia de mafiosos italianos establecidos en España, particularmente en las áreas costeras, es ampliamente reconocida. Las fuerzas de seguridad, conscientes de esta situación, colaboran para restringir sus actividades ilícitas. En este contexto, la Brigada Central de Crimen Organizado de la Udyco Central, en asociación con la Guardia di Finanza, ha desmantelado la rama española de una importante organización que operaba como banca clandestina para narcotraficantes de toda Europa, con la ‘Ndrangheta detrás de esta operación.
En este sentido, la Policía Financiera de las Comisarías Provinciales de Milán y Monza Brianza, en coordinación con la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, ha llevado a cabo esta semana medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Milán que afectan a 30 sospechosos; de estos, 16 han sido encarcelados y 14 se encuentran bajo arresto domiciliario, además de haber sido emitida una orden de embargo preventivo por un valor superior a 21 millones de euros.
En Suiza, por su parte, se ejecuta una orden rogatoria internacional para la detención de otro sospechoso, con la colaboración del Departamento Federal de Justicia y Policía de Berna. Las operaciones tanto en España como en Suiza se realizan con el apoyo de la Unidad I-CAN (Cooperación Interpol contra la ‘Ndrangheta) del Servicio de Cooperación Policial Internacional y en estrecha colaboración con los especialistas en seguridad de la Dirección Central de Policía Criminal, con sede en Madrid y Berna.
El foco de las investigaciones se está desarrollando en diversas provincias italianas (Milán, Monza Brianza, Brescia, Como, Lecco, Bérgamo, Varese, Pavía, Turín, Vercelli, Biella, Alessandria, Parma, Módena, Mantua, Prato, Florencia, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia Terme, Nápoles, Salerno, Caserta y Foggia), donde más de 350 miembros de la Guardia di Finanza están involucrados. Durante estas operaciones, se ha confiscado efectivo, cuentas bancarias, criptomonedas, automóviles, embarcaciones, joyas, relojes de lujo y máquinas contadoras de dinero.
La operación se origina a partir de una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Policía Financiera de Milán, con la colaboración del Grupo Monza, que permitió desmantelar una organización criminal agravada por la utilización de métodos mafiosos, dedicada al blanqueo de capitales internacional, fraude fiscal, delitos de quiebra, narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Las pesquisas de la Guardia di Finanza pusieron de manifiesto que se había constituido un banco clandestino en Pero, cerca de Milán, bajo la fachada de una empresa de alquiler de coches. Este banco era dirigido por tres italianos supuestamente vinculados a organizaciones mafiosas: dos antiguos asociados de clanes de la ‘Ndrangheta de Crotone (previamente condenados en las investigaciones ‘Infinito’ y ‘Aemilia’) y un miembro del clan Casalesi. La organización criminal también contaba con la colaboración de cómplices de origen chino y albanés, estableciendo así una infraestructura financiera transnacional muy eficaz.
En resumen, según la acusación presentada por la fiscalía, la organización proporcionaba un servicio de emisión de facturas para transacciones falsas a través de una extensa red de empresas fantasma. Tras recibir los pagos correspondientes a las facturas fraudulentas, los implicados devolvían el equivalente en efectivo a los propietarios de negocios colaboradores mediante mensajeros —técnicamente, a través de reembolsos—, obteniendo así las ganancias generadas por la evasión fiscal y el narcotráfico. Los saldos bancarios acumulados se transferían casi en su totalidad a cuentas en el extranjero o se invertían en la adquisición de criptomonedas de difícil trazabilidad.
De este modo, el banco clandestino ofrecía a sus clientes (principalmente narcotraficantes y evasores de impuestos) todos los servicios típicos de una institución financiera, pero utilizando métodos clandestinos característicos de la banca sumergida, que permiten transferencias de dinero fuera de los canales oficiales, eludiendo así las normativas contra el blanqueo de capitales.
Más específicamente, el mecanismo de fraude se estructuraba en un sistema multifásico que comprendía cuatro etapas diferenciadas.
La primera etapa consistía en la recaudación de fondos. El banco clandestino recibía efectivo de dos ciudadanos chinos, quienes eran empleados por la comunidad para recaudar dinero, principalmente derivado de la evasión fiscal, y de un calabrés que, según se informa, entregó en múltiples ocasiones, incluso a través de mensajeros, más de 5 millones de euros en efectivo provenientes del narcotráfico.
A cambio de la entrega de efectivo, se ofrecía a los proveedores de dinero un valor equivalente en criptomonedas, o se realizaban transferencias bancarias a cuentas ubicadas en Asia, América del Norte (Canadá) y América del Sur.
La segunda etapa era la emisión de facturas falsas. Una fase crucial dentro del esquema fraudulento fue la gestión de las denominadas empresas fantasma, es decir, entidades que existían solo en papel y estaban registradas a nombre de testaferros, con oficinas ficticias principalmente ubicadas en Lombardía y Campania.
Estas empresas emitían facturas por transacciones inexistentes a empresas legítimas (principalmente de los sectores de la construcción, la logística y los servicios), permitiendo a estas últimas reducir sus ingresos. Después de un tiempo, las empresas fantasma eran intencionadamente llevadas a la quiebra para ser reemplazadas por otras nuevas.
La tercera fase era la del reembolso en efectivo. A cambio del pago mediante transferencia bancaria de las facturas ficticias emitidas por las empresas fantasma, el centro financiero utilizaba el efectivo previamente recaudado para reembolsar, es decir, devolver, a las empresas que utilizaron las facturas falsas la misma cantidad que habían pagado por un servicio que en realidad nunca se realizó (una transacción inexistente), menos una comisión que oscilaba entre el dos y el cinco por ciento por el servicio bancario ilícito proporcionado.
La cuarta fase consistía en el blanqueo de capitales. Finalmente, los fondos acumulados en las cuentas de las empresas fantasma destinados a pagar las facturas falsas emitidas se transferían a cuentas bancarias en el extranjero (en Luxemburgo, Lituania y Alemania), y desde allí se desviaban a plataformas de intercambio que enviaban la criptomoneda generada a monederos controlados por la organización delictiva.
Este mismo método también fue utilizado para blanquear dinero obtenido de estafas mediante phishing, ya que las investigaciones financieras revelaron que numerosas transferencias bancarias de personas que habían presentado denuncias, debido a que, en un intento por invertir en criptomonedas, habían caído víctimas de estafas en línea, fueron abonadas en las cuentas bancarias de las empresas fantasma.
Al concluir la investigación, se reconstruyeron facturas falsas por un valor superior a 110 millones de euros y se identificaron transferencias al extranjero que ascendieron a aproximadamente 68 millones de euros.
El delito de asociación delictiva que se impugna es agravado: se ha configurado para facilitar las asociaciones mafiosas ‘Ndrangheta y Società Foggiana (la denominada Cuarta Mafia), mediante la asignación de parte de las ganancias ilícitas al mantenimiento de miembros encarcelados de la ‘Ndrangheta, creando así un auténtico "ondo de solidaridad mafioso", así como mediante el suministro de armas y vehículos a individuos cercanos a la Società Foggiana.
Desde la utilización del método mafioso, que implica el uso sistemático de amenazas y la protección garantizada a las actividades ilícitas de la banda en la zona de Pero, en Milán, también a través de la disponibilidad de armas y municiones para ser utilizadas en la protección de los transportes de dinero en efectivo y de narcóticos.
La investigación ha revelado finalmente casos de deslealtad y corrupción. Entre los implicados se encontraba un empleado del Tribunal de Milán que, con la colaboración de un abogado, accedió de manera no autorizada a los sistemas informáticos para informar a la alta dirección de la organización sobre el avance de las investigaciones en curso, así como un exmiembro de la Guardia di Finanza que, ya fuera de servicio, está acusado de recibir dinero de un ciudadano chino que se encontraba bajo investigación a cambio de información privilegiada y promesas de exenciones fiscales.
Gracias a la colaboración constante con la Dirección Nacional Antimafia, la operación evidencia el compromiso de la Fiscalía de Milán y la Guardia di Finanza en la lucha contra la infiltración silenciosa del crimen organizado en el tejido económico y empresarial, la cual se ha logrado a través de la provisión de servicios financieros ilegales, gestionados también mediante modernas herramientas fintech.