**Propuesta del Gobierno Británico para Reforzar la Protección de Infraestructuras Submarinas frente a Amenazas Híbridas**
El gobierno británico ha presentado el pasado jueves una serie de propuestas legislativas que buscan establecer penas de prisión de hasta 14 años y multas ilimitadas para aquellos que causen daños a los cables y tuberías submarinas. Esta iniciativa surge en un contexto global donde la vulnerabilidad de estas infraestructuras críticas se ha vuelto un tema de creciente preocupación, especialmente en un escenario de “guerra híbrida” llevado a cabo por estados hostiles. Estas acciones pueden incluir tanto ataques físicos como cibernéticos, dirigidos tanto a los propios cables como a las instalaciones y sistemas digitales en tierra.
Según el documento de consulta publicado por el gobierno, los nuevos delitos penales estarían dirigidos a proteger los cables de telecomunicaciones, los interconectores eléctricos y las tuberías que transportan el 99% del tráfico de datos internacional del Reino Unido y que suministran el 74% del gas del país. Estas cifras subrayan la importancia vital de estas infraestructuras para el funcionamiento de la economía y la seguridad nacional británica.
Las propuestas legislativas buscan sustituir la Ley de Telégrafos Submarinos de 1885, un marco normativo de la era victoriana que establece una multa máxima de 1,000 libras esterlinas —una cantidad irrisoria en comparación con los costes de reparación— y una pena de prisión de hasta cinco años en casos de daño deliberado. Por ejemplo, las reparaciones del cable eléctrico Estlink 2, que conecta Finlandia y Estonia y que fue dañado por el ancla del petrolero Eagle S el 25 de diciembre de 2024, fueron estimadas por el operador de la red Elering entre 50 y 60 millones de euros (56 y 67 millones de dólares). Actualmente se están llevando a cabo intentos de enjuiciar a los oficiales al mando del buque.
En virtud de la nueva legislación propuesta, aquellos condenados por daño deliberado enfrentarían hasta 14 años de prisión. Asimismo, los responsables de daños imprudentes podrían recibir penas de hasta 10 años, mientras que aquellos culpables de negligencia grave podrían ser sentenciados a dos años de prisión. Estas medidas reflejan un enfoque más severo y actualizado que busca disuadir a posibles infractores y proteger estas infraestructuras críticas.
El gobierno británico también ha manifestado su intención de introducir requisitos de seguridad y resiliencia para los operadores de telecomunicaciones submarinas. Esto incluiría la potestad de dirigir a los proveedores de cables y reparaciones por razones de seguridad nacional. Además, se establecerán normas separadas para la tecnología de detección por fibra óptica, que tiene la capacidad de identificar actividad en el mar, aunque también podría exponer información sensible.
Los ministros de telecomunicaciones, Ian Murray, y de energía, Michael Shanks, señalaron en un preámbulo conjunto que los riesgos para la infraestructura submarina crítica están en constante evolución. Mencionaron una advertencia emitida a principios de este año sobre un submarino de ataque de la Royal Navy que emergió cerca de un barco espía ruso que estaba mapeando esta infraestructura en aguas británicas.
Matt Western, presidente del Comité Conjunto del Parlamento sobre Estrategia de Seguridad Nacional, dio la bienvenida a estas propuestas, afirmando que “la legislación que cubre los ataques a cables submarinos fue escrita en una época diferente y es correcto que se haya presentado un Libro Blanco para actualizarla”.
Las dudas sobre la jurisdicción en incidentes de daños a cables han complicado los procesos judiciales en otras partes, sumadas a interrogantes sobre si se trataba de accidentes imprudentes o de intentos intencionados por parte de Rusia para debilitar a Europa. Investigadores finlandeses inicialmente sospecharon de daños deliberados, pero funcionarios de varios países del Mar del Norte y del Báltico informaron a Recorded Future News que creían cada vez más que el incidente y otros cortes de cables en el Mar Báltico eran accidentales, apoyándose en investigaciones, inteligencia y datos de navegación.
El gobierno británico sostiene que la red de cables del país sigue siendo altamente resiliente y que la mayoría de los fallos se deben a anclas, redes de pesca, riesgos medioambientales o fallos técnicos, aunque también advierte sobre una creciente actividad sospechosa. En abril, el Ministerio de Defensa anunció que fuerzas británicas y aliadas habían rastreado un submarino de ataque ruso y embarcaciones vinculadas a la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas de Rusia (GUGI) cerca de cables y tuberías al norte de Gran Bretaña, presuntamente mapeando dicha infraestructura para un posible sabotaje en tiempos de guerra.
La consulta pública de 12 semanas finalizará el 14 de enero de 2027, y se espera que genere un debate significativo sobre la seguridad de estas infraestructuras críticas en el contexto actual de tensiones geopolíticas.
La información sobre esta propuesta se presenta en un momento crucial, donde la protección de las infraestructuras críticas se convierte no solo en una cuestión de seguridad nacional, sino también en una necesidad imperante para asegurar la estabilidad y el funcionamiento eficiente de la economía moderna.