Texas demanda a OpenAI por engañar a los consumidores sobre la seguridad y busca reformas drásticas y multas.

⟫ 26/10/2026 ⟫ The Record

Fuente: The Record

**Texas demanda a OpenAI: Un análisis profundo de la responsabilidad en la inteligencia artificial**

La reciente demanda interpuesta por el estado de Texas contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, ha puesto de manifiesto una serie de preocupaciones críticas en torno a la seguridad y la ética de los productos de inteligencia artificial, particularmente el popular ChatGPT. Este caso no solo plantea interrogantes sobre la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas, sino que también refleja un creciente escrutinio sobre cómo estas herramientas impactan a los usuarios, especialmente a los más vulnerables, como los menores de edad.

La acción judicial, presentada bajo las leyes de prácticas comerciales engañosas del estado, sostiene que OpenAI ha comercializado su producto ChatGPT como seguro, a pesar de que las salvaguardias alegadas no han logrado proteger a los consumidores. La demanda busca sanciones civiles que podrían ascender a 10,000 dólares por cada infracción y una serie de medidas cautelares que incluyen la prohibición del acceso de menores a ChatGPT, la obtención de aprobación de terceros sobre nuevos modelos por parte de un experto designado por el tribunal y la prohibición de que el chatbot ofrezca consejos sobre suicidio, trastornos alimentarios y violencia.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostiene que OpenAI ha fallado en la verificación de identidades, lo que contraviene las leyes estatales. Este tipo de acusaciones se inscriben en un contexto más amplio, donde Paxton ha estado involucrado en una serie de litigios contra grandes empresas tecnológicas en el último año, incluyendo a Roblox, TikTok y Meta. En julio de 2024, Meta acordó pagar al estado una cifra récord de 1.4 mil millones de dólares para resolver reclamaciones relacionadas con el uso de reconocimiento facial sin el consentimiento de los usuarios.

La demanda destaca una declaración previa de Altman en la que afirmaba que la inteligencia artificial probablemente podría llevar al "fin del mundo", aunque también podría dar lugar a "grandes empresas". Esta cita se presenta al inicio del documento legal en cursiva, subrayando la percepción de que la compañía ha operado con una falta de responsabilidad considerable.

Desde OpenAI, un portavoz defendió la postura de la empresa, afirmando que trabajan estrechamente con expertos para mejorar continuamente ChatGPT, mitigar riesgos y construir salvaguardias adicionales. Se enfatiza que los gobiernos deben desempeñar un papel fundamental en el establecimiento de normas de seguridad robustas para la inteligencia artificial y que OpenAI está comprometida a colaborar con Texas y otros estados en el avance de políticas pragmáticas que abarquen toda la industria de la IA, y no solo a una empresa en particular.

Los datos económicos también son reveladores: el valor de OpenAI ha aumentado de aproximadamente 17 mil millones de dólares a más de 1.4 billones en solo cuatro años. Sin embargo, la demanda sostiene que este éxito se ha logrado mediante una "red de engaños" y la explotación de los datos de los usuarios, poniendo en riesgo a los texanos y a la población en general. El documento legal resalta que las "representaciones engañosas" de OpenAI sobre sus productos de inteligencia artificial han contribuido a que individuos vulnerables sean alentados a suicidarse y que los menores se vuelvan adictos a una herramienta que simula compasión humana para recolectar sus datos sin supervisión parental.

Este caso no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia más amplia en la que gobiernos y reguladores están comenzando a exigir responsabilidad a las empresas de tecnología en relación con sus productos de inteligencia artificial. La crítica hacia la falta de medidas de seguridad adecuadas y la protección de datos es cada vez más común, a medida que la tecnología avanza a un ritmo acelerado, superando muchas veces la capacidad de los marcos legales existentes para regular su uso.

Ante este panorama, es fundamental que tanto las empresas tecnológicas como los legisladores trabajen juntos para establecer un sistema que garantice la seguridad de los usuarios y la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Las recomendaciones para los usuarios incluyen la prudencia en el uso de herramientas de IA, la educación sobre sus posibles riesgos y la importancia de mantener un diálogo abierto sobre su impacto en la sociedad.

En conclusión, la demanda de Texas contra OpenAI representa una llamada de atención sobre la necesidad de una mayor regulación y responsabilidad en el ámbito de la inteligencia artificial. A medida que esta tecnología continúa evolucionando, será esencial encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos de los usuarios, especialmente de aquellos más vulnerables.

◢ VULNERABILIDADES ◣

Texas sues OpenAI for deceiving consumers about safety, seeks sweeping reforms and fines

⟫ 26/10/2026 ⟫ The Record

Source: The Record

Texas sued OpenAI and its CEO on Friday, alleging the artificial intelligence behemoth markets its ChatGPT product as safe even as purported safeguards are failing to protect consumers, including children. In an unusual move, the suit — brought under the state’s deceptive trade practices laws — seeks to hold founder and CEO Sam Altman personally liable for the alleged deception. Texas is seeking civil penalties of up to $10,000 per violation and sweeping injunctive relief, including a requirement that OpenAI bar minors from accessing ChatGPT, obtain third-party approval on new models from a court-appointed expert and stop the chatbot from giving users tips on suicide, eating disorders and how to commit violence. Attorney General Ken Paxton alleges that OpenAI also has long failed to verify identities in violation of state law. Paxton, who is locked in a close Senate race, has sued or settled with several tech companies in the last year, including Roblox, TikTok and Meta. In July 2024, the latter agreed topaythe state a record-breaking $1.4 billion to settle claims that it had deployed facial recognition without users’ consent. At the top of Friday’slawsuit, Altman’s past proclamation that AI will “probably most likely lead to the end of the world, but in the meantime, there’ll be great companies” is featured prominently in italics. A spokesperson for OpenAI said the company “works closely with experts to continually improve ChatGPT, mitigate risks and build additional safeguards. Governments have an important role to play in setting robust safety standards for AI, and we’re committed to working with Texas and other states on advancing pragmatic AI policies that apply to the entire AI industry - not just one company." The lawsuit noted that OpenAI’s value has surged from about $17 billion to over $1.4 trillion in four years. “This success has not been earned; the rise of OpenAI is attributable to a web of deceit and the exploitation of users (including Texans), leveraging their data and safety to boost OpenAI’s market value at unacceptable costs and jeopardizing everyone in Texas,” the lawsuit said. “Because of Defendants’ misrepresentations about their artificial intelligence products and their careless introduction of ChatGPT to Texas and the world,” the filing said, “mass shooters have been aided and abetted in deadly rampages, vulnerable people have been encouraged into suicide… and minors have become addicted to a tool that feigns human compassion to collect their data with no parental oversight.” is a reporter covering digital privacy, surveillance technologies and cybersecurity policy for The Record. She was previously a cybersecurity reporter at CyberScoop. Earlier in her career Suzanne covered the Boston Police Department for the Boston Globe and two presidential campaign cycles for Newsweek. She lives in Washington with her husband and three children.

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