Corte anula ley de Virginia Occidental que prohíbe la divulgación de datos personales de funcionarios públicos

⟫ 28/10/2026 ⟫ The Record

Fuente: The Record

El pasado martes, un tribunal de apelaciones federal dictó una decisión que declara inconstitucional una ley de Virginia Occidental destinada a proteger la información personal de los funcionarios de la ley y jueces. Este fallo del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. ratificó la decisión de un tribunal inferior de agosto de 2025, que había anulado la versión estatal de la conocida como Ley de Daniel. Esta legislación, según la opinión del tribunal, se diferencia notablemente de leyes similares vigentes en más de una docena de otros estados.

La finalidad de estas normativas es evitar que ciudadanos descontentos puedan obtener las direcciones y números de teléfono de los funcionarios, en particular a través de corredores de datos. La corte encontró que la ley de Virginia Occidental restringe ilegalmente la libertad de expresión, basándose únicamente en el contenido del mensaje. Esto se conoce como discurso basado en contenido, y el tribunal consideró que también hace responsables a los corredores de datos en demasiadas circunstancias.

Este fallo representa una victoria significativa para los corredores de datos, quienes han sido objeto de un creciente número de demandas que buscan sancionarlos por las tácticas comerciales que utilizan para operar. La decisión podría influir en el fallo de un litigio en curso sobre la Ley de Daniel en Nueva Jersey y afectar a normativas similares en otros estados, según un artículo publicado en el blog de la firma internacional de abogados Clark Hill.

La ley de Virginia Occidental no exige a los funcionarios cubiertos que notifiquen a las empresas que están compartiendo indebidamente su información antes de presentar una demanda. Además, impone que aquellos que distribuyen datos deben tener conocimiento de que lo están haciendo de manera ilegal. Este lenguaje otorga a los ciudadanos un margen excesivo para presentar demandas, similar al caso que el tribunal acaba de decidir.

La legislación establece que los corredores de datos deben obtener permiso de los funcionarios judiciales, fiscales, defensores públicos y agentes del orden antes de publicar su información personal “bajo circunstancias en las que una persona razonable creería que proporcionar dicha información expondría a otro a acoso o riesgo de daño a la vida o la propiedad”. También permite demandas que buscan hasta 1,000 dólares por violación, así como daños punitivos.

La demanda colectiva fue presentada por un oficial de la ley retirado y otros que, a mediados de 2024, demandaron a los llamados servicios de búsqueda de personas que operan en línea, incluyendo WhitePages, Thomson Reuters, LexisNexis y PeopleConnect. El demandante principal sostenía que los corredores de datos violaron la ley estatal al publicar su información personal sin su consentimiento.

El tribunal de apelaciones no solo falló a favor de los demandados en este litigio específico, sino que también declaró que la ley en sí es inconstitucional, lo que otorga a la decisión implicaciones significativas. La corte examinó cómo la versión estatal de la Ley de Daniel se compara con normativas similares en otros estados y determinó que la ley de Virginia Occidental es única, según el blog de Clark Hill.

La falta de un requisito de aviso previo, la omisión de un estándar de conocimiento y la imposición de restricciones amplias y basadas en contenido sobre la libertad de expresión podrían hacer que los agresivos marcos de responsabilidad en otros estados sean vulnerables. Además, esto podría influir en cómo los estados que no cuentan con una Ley de Daniel redactan legislación para implementarla.

Las diversas versiones estatales de la Ley de Daniel, incluida la de Virginia Occidental, fueron promulgadas tras el asesinato del hijo de una jueza federal de Nueva Jersey en su hogar en 2020. El acusado en este caso, un abogado descontento, utilizó sitios de búsqueda de personas para localizar su dirección.

En el contexto de la privacidad digital y la seguridad cibernética, este fallo resalta la tensión entre la protección de la información personal de los funcionarios públicos y el derecho de acceso a la información. A medida que la tecnología avanza y los datos se vuelven cada vez más accesibles, es imperativo que se encuentren equilibrios adecuados que protejan tanto la seguridad personal como la libertad de expresión. Este caso no solo tiene repercusiones en Virginia Occidental, sino que podría sentar un precedente para futuras legislaciones en todo el país.

◢ VULNERABILIDADES ◣

Court strikes down West Virginia law barring disclosure of public officials’ personal data

⟫ 28/10/2026 ⟫ The Record

Source: The Record

A federal appeals court on Tuesdayruledthat a West Virginia law meant to shield law enforcement officers and judges from over-exposure of their personal information is unconstitutional. The 4th U.S. Circuit Court of Appeals upheld a lower court’s August 2025 decision nullifying the state’s version of Daniel’s Law, which the opinion said is notably different from similar laws on the books in more than a dozen other states. The statutes are aimed at keeping disgruntled residents from obtaining officials’ addresses and phone numbers, particularly through data brokers. The panel of judges found the West Virginia statute unlawfully restricts speech based solely on the topic, message, or subject matter of what is being said — also known as content-based speech — and holds data brokers liable in too many circumstances. The decision is a significant win for data brokers, which have increasingly been targeted by lawsuits seeking to punish them for business tactics they rely on to operate. The ruling could influence a court ruling on ongoing Daniel’s Law litigation inNew Jerseyand impact similar statutes in other states, according to a blog post from the international law firm Clark Hill. The West Virginia statute does not require covered officials to alert businesses that are improperly sharing their data before suing. It also mandates that those distributing the data know they are doing so unlawfully. That language allows residents too much leeway for lawsuits akin to the case the court just decided, the opinion said. The law mandates that data brokers get permission from judicial officers, prosecutors, public defenders and law-enforcement officers prior to publishing their personal data “under circumstances in which a reasonable person would believe that providing such information would expose another to harassment or risk of harm to life or property.” It permits lawsuits seeking up to $1,000 per violation as well as punitive damages. The class-action lawsuit was brought by a retired law enforcement officer and others who in mid-2024suedso-called people-search services operating online, including WhitePages, Thomson Reuters, LexisNexis and PeopleConnect. The lead plaintiff had contended the data brokers violated state law when they published his personal information without his consent. The appellate court not only ruled in favor of the data broker defendants in this specific lawsuit, but also held that the law itself is unconstitutional, giving the decision significant implications. The appellate court studied how the state’s version of Daniel’s Law compares to similar statutes in other states and determined that the West Virginia law is unique, the Clark Hillblog postsaid. The fact that the statute lacks a prior notice requirement, omits a knowledge standard and imposes broad, content-based restrictions on speech could make aggressive liability frameworks in other states vulnerable. It also could affect how states with no Daniel’s Law write legislation to create it. The various state versions of Daniel’s Law, including West Virginia’s, were implemented following the killing of a New Jersey federal judge’s son at her home in 2020. The defendant in the case — a disgruntled lawyer — used people-search sites to locate her address. is a reporter covering digital privacy, surveillance technologies and cybersecurity policy for The Record. She was previously a cybersecurity reporter at CyberScoop. Earlier in her career Suzanne covered the Boston Police Department for the Boston Globe and two presidential campaign cycles for Newsweek. She lives in Washington with her husband and three children.

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