Un tribunal federal desestima la demanda de Trump contra la certificación del Senado de Alaska.

⟫ 01/11/2026 ⟫ djohnson

Fuente: CyberScoop

Un juez federal ha desestimado una demanda presentada por el gobierno federal que buscaba bloquear de manera preventiva a la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, de asumir el cargo en caso de ganar las elecciones. Este fallo tiene implicaciones significativas tanto para la dinámica electoral en Alaska como para la relación entre los niveles federal y estatal de gobierno, subrayando la importancia de la autonomía estatal en el proceso electoral.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado acciones legales contra Alaska el mes pasado, argumentando que un presunto esquema de Peltola para reclutar a Daniel J. Sullivan, un candidato independiente que comparte nombre con el actual senador republicano Dan S. Sullivan, podría confundir a los votantes. Según la acusación, esta confusión podría alterar el resultado electoral y, por ende, la legitimidad del proceso.

La campaña de Peltola, junto con el Comité de Campaña del Senado Demócrata y organizaciones cívicas como la Liga de Mujeres Votantes de Alaska y Common Cause, presentaron mociones para desestimar la demanda. Argumentaron que el gobierno federal no tenía legitimidad ni autoridad constitucional para intervenir en las elecciones de Alaska. Además, manifestaron que el tribunal no podría proporcionar ningún remedio legal, ya que no existe un mecanismo que permita determinar si un votante confundió a un Sullivan con el otro sin violar el principio del voto secreto.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Sharon Gleason, llegó a la misma conclusión. En su orden, subrayó la "ausencia de cualquier explicación por parte de Estados Unidos sobre cómo su solicitud de alivio podría remediar su presunto daño mientras se mantiene la confidencialidad del voto". Gleason también dejó claro que no podía conceder el alivio solicitado por el gobierno ya que este no había logrado establecer el requisito de remediación para la legitimidad bajo el Artículo III.

El fallo de Gleason también aborda la candidatura independiente de Daniel J. Sullivan. En junio, la directora de elecciones de Alaska, Carol Beecher, descalificó su candidatura, testificando posteriormente que no creía que él estuviera compitiendo de buena fe. Sin embargo, los tribunales estatales discreparon y restauraron su candidatura, una decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Alaska.

A pesar de las controversias, los funcionarios electorales de Alaska implementaron medidas para diferenciar a los dos candidatos en la boleta, listando sus nombres completos y etiquetándolos como "Incumbente", "Candidato republicano" e "Independiente". El sistema de votación por orden de preferencia de Alaska permite a los votantes clasificar a ambos Sullivans, de modo que no están limitados a elegir solo un candidato.

Cabe destacar que casi 60,000 votantes de Alaska ya habían votado anticipadamente o mediante correo, lo que complicaba la posibilidad de reemitir boletas. La respuesta del gobierno, que se limitó a una frase, sugirió que el estado podría segregar las boletas y solicitó al tribunal que permitiera una investigación federal sobre si algunos votantes habían sido engañados. Gleason rechazó esta propuesta, argumentando que el gobierno no proporcionó una explicación sobre cómo podría llevarse a cabo la segregación de boletas o una investigación sobre la intención de los votantes, todo ello sin comprometer la confidencialidad del voto.

La jueza también puso en duda la base constitucional del gobierno, señalando que el poder ejecutivo no tiene un papel legítimo en la determinación de qué candidatos aparecen en las boletas de Alaska. Aunque el gobierno afirmó que no pretendía cambiar el tiempo, lugar o forma de las elecciones, Gleason observó que sus solicitudes, que incluían límites en la certificación, segregación de boletas e investigación sobre la intención de los votantes, estaban todas relacionadas con esos aspectos, que son responsabilidad del estado.

La demanda atrajo una considerable atención mediática y preocupación por parte de defensores de la democracia, aunque los expertos legales la consideraron en gran medida como excepcionalmente débil. David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, y exabogado de derechos de voto en el DOJ, declaró: "La decisión de hoy marca una victoria para la soberanía estatal de Alaska y para los votantes de Alaska. Al rechazar de manera contundente el intento ilegal y ahora fallido de la administración de interferir, el tribunal coincidió con el estado de Alaska en que este es un asunto puramente de ley estatal y que, bajo la Constitución de EE. UU., el gobierno federal no tiene ningún papel en la determinación de cómo Alaska certifica su elección al Senado".

Este caso no solo resalta la complejidad de las elecciones en Alaska, sino que también plantea interrogantes sobre el papel del gobierno federal en el ámbito electoral, un tema que podría tener repercusiones en futuros procesos electorales en todo el país. La autonomía estatal en la regulación de sus propias elecciones es un principio fundamental que se ha puesto a prueba en este caso, y su resolución podría sentar un precedente para el manejo de situaciones similares en el futuro.

◢ VULNERABILIDADES ◣

Federal court tosses Trump lawsuit challenging Alaska Senate certification

⟫ 01/11/2026 ⟫ djohnson

Source: CyberScoop

A federal judge dismissed a lawsuit from the federal government seeking to preemptively block Democratic Senate candidate Mary Peltola from assuming office if she wins her race. The Department of Justice sued Alaska last month, arguing that an alleged scheme by Peltola to recruit Daniel J. Sullivan, an independent candidate who shares a name with incumbent Republican Sen. Dan S. Sullivan, would confuse voters. Peltola’s campaign, the Democratic Senate Campaign Committee and civic groups including the League of Women Voters of Alaska and Common Cause all filed motions to dismiss the lawsuit, arguing the federal government lacks standing and constitutional authority to weigh in on Alaska’s elections. They also said the court cannot grant relief because there is no legal way to determine whether a voter mistakenly voted for one Sullivan over the other without violating the secret ballot. U.S. District Judge Sharon Gleason reached the same conclusion, noting in anorder“the absence of any explanation from the United States as to how its requested relief could redress its alleged injury while simultaneously maintaining the secrecy of the ballot.” She also wrote that she “cannot grant the United States the relief it seeks because the United States has failed to establish the redressability prerequisite for Article III standing.” Gleason’s opinion recounts Daniel J. Sullivan’s independent candidacy. Alaska Director of Elections Carol Beecher decertified it in June, later testifying that she did not believe he was running in good faith. State courts disagreed and restored his candidacy, and the Alaska Supreme Court upheld that ruling. Alaskan election officials still took steps to distinguish the two candidates, listing their full names and labeling them “Incumbent,” “Republican candidate” and “Independent.” Alaska’s ranked-choice system lets voters rank both Sullivans, so they are not limited to a single candidate. State officials and election experts also noted that nearly 60,000 Alaskan votershave already cast early or mail ballots, and there is no feasible way to reissue them. The government’s one-sentence response said the state could segregate ballots and asked the court to allow a federal investigation into whether any voters were deceived. Gleason rejected that approach, saying the government offered no explanation of how ballot segregation or a law enforcement inquiry into voters’ intent could be carried out while preserving ballot secrecy. Gleason also questioned the government’s constitutional basis, writing that the executive branch has no legitimate role in determining which candidates appear on Alaska’s ballots. The government said it was not seeking to change the time, place or manner of the election, but Gleason noted that its requests, including limits on certification, ballot segregation and an investigation of voters’ intent, all concern those matters, which are the state’s responsibility. The lawsuit drew heavy media attention and concern from democracy advocates, but legal experts widely viewed it as exceptionally weak. “Today’s ruling marks a victory for Alaska state sovereignty and Alaskan voters,” said David Becker, executive director of the nonprofit Center for Election Innovation and Research and a former voting rights attorney at DOJ. “By soundly rejecting the administration’s unlawful and now unsuccessful attempt to interfere, the court concurred with the State of Alaska that this is purely a matter of state law and that, under the U.S. Constitution, the federal government has no role in determining how Alaska certifies its Senate election.” The postFederal court tosses Trump lawsuit challenging Alaska Senate certificationappeared first onCyberScoop.

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