Firma de defensa y aeroespacial llega a un acuerdo con el gobierno por supuestas fallas en el cumplimiento de requisitos de ciberseguridad en contratos.

⟫ 03/11/2026 ⟫ Tim Starks

Fuente: CyberScoop

**Una empresa de defensa y aeroespacial llega a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. por incumplimiento de requisitos de ciberseguridad**

En un contexto donde la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para la protección de información sensible, un caso reciente ha puesto de manifiesto la importancia de que las empresas del sector defensa y aeroespacial cumplan con sus obligaciones contractuales. ILC, una compañía con sede en Delaware que abarca a ILC Dover e ILC Astrospace, ha acordado pagar 13 millones de dólares para resolver las acusaciones planteadas por agencias gubernamentales de Estados Unidos sobre su negligencia en cumplir con los requisitos de ciberseguridad fijados en sus contratos. Estas acusaciones no solo afectan a la empresa, sino que también envían un mensaje claro sobre la responsabilidad que tienen las entidades privadas que trabajan con el gobierno en el manejo de información crítica.

Los problemas surgieron debido a que ILC, según el gobierno federal, presentó reclamaciones de pago fraudulentas en sus contratos con el Departamento del Ejército, la Agencia de Defensa de Misiles y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). En particular, las autoridades señalaron que la compañía era consciente de su falta de cumplimiento con las exigencias de ciberseguridad durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024.

Entre las irregularidades mencionadas, se destaca que ILC supuestamente externalizó el almacenamiento de datos sensibles a la nube a una empresa de terceros sin implementar las salvaguardias adecuadas. Además, no desarrolló ni actualizó los planes de seguridad requeridos para cada uno de sus sistemas de información afectados. Esta falta de diligencia no solo expone a la empresa a sanciones económicas, sino que también pone en riesgo la integridad de la información crítica relacionada con la seguridad nacional.

Benjamin Wallace, fiscal del Distrito de Delaware, enfatizó la importancia de la prevención en materia de ciberataques, afirmando que "la mejor respuesta a los ciberataques es prevenir que ocurran en primer lugar". Wallace subrayó que las obligaciones que ILC violó existen precisamente para evitar que actores malintencionados puedan aprovecharse de la innovación técnica de Estados Unidos.

La empresa matriz de ILC Dover, Ingersoll Rand, también se vio arrastrada por esta controversia, argumentando que heredó el problema al adquirir la compañía. Sara Hasell, portavoz de Ingersoll Rand, explicó que el equipo se dio cuenta de la situación tras la compra de ILC Dover en junio de 2024 y que tomaron medidas inmediatas para abordar los problemas identificados, asegurando que para octubre de 2024 estaban en cumplimiento con todos los requisitos aplicables. Hasell también indicó que la compañía resolvió este asunto con el Departamento de Justicia de EE. UU. sin admitir responsabilidad y reafirmó su compromiso con mantener prácticas sólidas de ciberseguridad.

El acuerdo de 13 millones de dólares se sitúa entre los más significativos desde que el Departamento de Justicia comenzó a utilizar la Ley de Reclamos Falsos en 2022 para sancionar a contratistas por deficiencias en ciberseguridad. Esta ley, que data de la era de la Guerra Civil, fue promulgada para combatir el fraude en la contratación pública.

Brett Shumate, Fiscal General Adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, destacó que "para proteger la información sensible de las amenazas cibernéticas, los contratistas de defensa y aeroespacial deben cumplir con los requisitos de ciberseguridad establecidos en sus contratos y subcontratos federales".

Además, es importante señalar que bajo esta ley, cualquier ciudadano privado puede presentar alegaciones de fraude por parte de un contratista gubernamental y tiene derecho a recibir una parte de cualquier acuerdo alcanzado. En este caso, el denunciante, Philip Root, exdirector de ciberseguridad de la empresa, recibirá 2.35 millones de dólares por su colaboración.

Los abogados especializados en contratos gubernamentales advierten que una próxima reforma regulatoria podría exponer a más empresas a sanciones bajo la Ley de Reclamos Falsos. Este tipo de casos no solo resalta la necesidad de una vigilancia más estricta en materia de ciberseguridad, sino que también plantea preguntas sobre la capacidad de las empresas para gestionar adecuadamente la información crítica en un entorno cada vez más amenazado por ciberataques. La situación de ILC sirve como un recordatorio de que la negligencia en este ámbito puede tener graves repercusiones tanto a nivel financiero como reputacional.

◢ CIBERCRIMEN ◣

Defense and aerospace firm settles with government over allegedly failing to meet cybersecurity contract requirements

⟫ 03/11/2026 ⟫ Tim Starks

Source: CyberScoop

A Delaware-based defense and aerospace company has settled a case with U.S. agencies over government allegations that the firm neglected its cybersecurity obligations in its contracts. ILC — the name the government uses to collectively refer to ILC Dover and ILC Astrospace —agreed to pay $13 millionto resolve the False Claims Act allegations involving its contracts with the Department of the Army, Missile Defense Agency and National Aeronautics and Space Administration. ILC, according to the government, submitted false or fraudulent claims for payment on contracts with the agencies because it knew it hadn’t complied with the contracts’ cybersecurity requirements over a period between 2018 and 2024. For instance, ILC allegedly used a third-party company to store sensitive data in the cloud without proper safeguards, and didn’t develop and update mandated security plans for each of its covered information systems. “The best response to cyberattacks is to prevent them from happening in the first place,” Benjamin Wallace, U.S. Attorney for the District of Delaware, said in anews releaseTuesday. “The obligations that ILC violated exist to prevent bad actors from taking advantage of the United States’ technical innovation.” American industrial manufacturing giant Ingersoll Rand, the parent company of ILC Dover, said it inherited the issue when it purchased the firm. “We became aware of this matter following our acquisition of ILC Dover in June 2024, took prompt action to address the identified issues, and were in compliance with applicable requirements by October 2024,” said Sara Hasell, a spokesperson for Ingersoll Rand. “We have agreed to resolve this matter with the U.S. Department of Justice without an admission of liability and remain committed to maintaining strong cybersecurity practices.” The $13 million settlement is one of thebigger settlementssince the Justice Department began using theFalse Claims Actin 2022 to penalize contractors over cybersecurity shortcomings. The False Claims Act is a Civil War-era law passed to deal with fraudulent contractors. “To protect sensitive information from cyber threats, defense and aerospace contractors must comply with the cybersecurity requirements in their federal contracts and subcontracts,” said Assistant Attorney General Brett Shumate of the Justice Department’s Civil Division. Under the law, a private citizen can raise allegations that the contractor defrauded the government and is entitled to receive a portion of any settlement. The whistleblower in the ILC case, Philip Root, the company’s former director of cybersecurity, will receive $2.35 million. Government contract attorneys say that aforthcoming regulatory overhaulcould expose more companies to False Claims Act punishments. The postDefense and aerospace firm settles with government over allegedly failing to meet cybersecurity contract requirementsappeared first onCyberScoop.

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